Por: Eduardo Ruíz-Healy
El presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante su
controvertido Plan B, pretendió reestructurar al Instituto Nacional Electoral
(INE), despedir a los trabajadores especializados en materia electoral,
permitir a los partidos para hacer proselitismo y actos anticipados de campaña.
Lo anterior, modificando cuatro leyes: la General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, la General de Partidos Políticos, la General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la General de
Comunicación Social y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
A pesar de la rápida y casi furtiva aprobación de este plan
en diciembre del 2022 por la mayoría compuesta por Morena-PVEM-PT en el
Congreso, sin espacio para el debate, la respuesta de la sociedad civil y
partidos de oposición fue inmediata y contundente.
Los partidos de la oposición, PAN, PRI y PRD, impugnaron el
Plan B ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alegando que
socavaba principios constitucionales, comprometía la democracia y limitaba los
derechos humanos.
Los días 8 y 9 de mayo pasado, la SCJN invalidó el Plan B
señalando que el proceso legislativo había sido quebrantado, que la mayoría
impidió la deliberación o la transparencia, privando a la sociedad de su
derecho a la participación y toma de decisiones. También detectó aspectos
inconstitucionales en el Plan B, como el permitir propaganda electoral por
parte de servidores públicos.
A raíz de estas declaraciones, líderes de Morena, incluido
el presidente López Obrador, manifestaron su disconformidad. López Obrador
interpretó el fallo de la SCJN como una intrusión al legislativo y etiquetó a
la Corte como el “guardián de los conservadores”. Por otro lado, Mario Delgado,
líder nacional de Morena, vio en esta resolución un desafío a la separación de
poderes.
Sin embargo, lo que sorprende es la posterior actuación de
los legisladores en Guanajuato. En una acción irónica, diputados locales del
PAN y PRI replicaron una conducta similar a la de los legisladores federales
lopezobradoristas. Esta hipocresía quedó al descubierto cuando, el 23 de mayo,
pocos días después del fallo de la Corte contra el Plan B, aprobaron
rápidamente una reforma electoral en Guanajuato, que posteriormente fue invalidada
por la SCJN por razones análogas, después de que fuera impugnada por los
diputados morenistas y verdes guanajuatenses que utilizaron los mismos
argumentos que esgrimieron los legisladores federales del PAN, PRI y PRD para
impugnar el Plan B.
Estos eventos resaltan un patrón preocupante: la
predisposición de nuestros legisladores federales y locales a dejar de lado la
democracia deliberativa en aras de agendas políticas. En Guanajuato los
diputados del PAN y el PRI actuaron igual que en el Congreso Federal los
legisladores de Morena, el PVEM y el PT.
Hasta anoche, ningún morenista distinguido había criticado a
los ministros de la SCJN por invalidar la reforma que sin respetar los derechos
de la minoría aprobaron los panistas y priistas de Guanajuato.
Sin importar la bandera partidista, la consistencia y el
compromiso con principios democráticos deben ser inquebrantables.
Desafortunadamente, nuestros legisladores parecen no entenderlo.
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