Por: Eduardo Ruíz-Healy
El presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante su
controvertido Plan B, pretendió reestructurar
al Instituto Nacional Electoral (INE), despedir a los trabajadores
especializados en materia electoral, permitir a los partidos para hacer
proselitismo y actos anticipados de campaña. Lo anterior, modificando cuatro
leyes: la General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la General de
Partidos Políticos, la General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, la General de Comunicación Social y la Orgánica del Poder Judicial
de la Federación.
A pesar de la rápida y casi furtiva aprobación de este
plan en diciembre del 2022 por la mayoría compuesta por Morena-PVEM-PT en el
Congreso, sin espacio para el debate, la respuesta de la sociedad civil y
partidos de oposición fue inmediata y contundente.
Los partidos de la oposición, PAN, PRI y PRD,
impugnaron el Plan B ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
alegando que socavaba principios constitucionales, comprometía la democracia y
limitaba los derechos humanos.
Los días 8 y 9 de mayo pasado, la SCJN invalidó el
Plan B señalando que el proceso legislativo había sido quebrantado, que la
mayoría impidió la deliberación o la transparencia, privando a la sociedad de
su derecho a la participación y toma de decisiones. También detectó aspectos
inconstitucionales en el Plan B, como el permitir propaganda electoral por
parte de servidores públicos.
A raíz de estas declaraciones, líderes de Morena,
incluido el presidente López Obrador, manifestaron su disconformidad. López
Obrador interpretó el fallo de la SCJN como una intrusión al legislativo y
etiquetó a la Corte como el “guardián de los conservadores”. Por otro lado,
Mario Delgado, líder nacional de Morena, vio en esta resolución un desafío a la
separación de poderes.
Sin embargo, lo que sorprende es la posterior
actuación de los legisladores en Guanajuato. En una acción irónica, diputados
locales del PAN y PRI replicaron una conducta similar a la de los legisladores
federales lopezobradoristas. Esta hipocresía quedó al descubierto cuando, el 23
de mayo, pocos días después del fallo de la Corte contra el Plan B, aprobaron
rápidamente una reforma electoral en Guanajuato, que posteriormente fue
invalidada por la SCJN por razones análogas, después de que fuera impugnada por
los diputados morenistas y verdes guanajuatenses que utilizaron los mismos
argumentos que esgrimieron los
legisladores federales del PAN, PRI y PRD para impugnar el Plan B.
Estos eventos resaltan un patrón preocupante: la
predisposición de nuestros legisladores federales y locales a dejar de lado la
democracia deliberativa en aras de agendas políticas. En Guanajuato los
diputados del PAN y el PRI actuaron igual que en el Congreso Federal los
legisladores de Morena, el PVEM y el PT.
Hasta anoche, ningún morenista distinguido había
criticado a los ministros de la SCJN por invalidar la reforma que sin respetar
los derechos de la minoría aprobaron los panistas y priistas de Guanajuato.
Sin importar la bandera partidista, la consistencia y
el compromiso con principios democráticos deben ser inquebrantables.
Desafortunadamente, nuestros legisladores parecen no entenderlo.
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