Por Pascal Beltrán del Río
Las elecciones intermedias representan el punto culminante de un sexenio en la tradición política mexicana. A partir de que se computan sus resultados, la fuerza del Presidente de la República comienza a menguar, después de haber alcanzado su pico, y se desata el juego de la sucesión.
Es también un momento muy importante para las aspiraciones de quienes creen tener posibilidades en “la grande”.
El 5 de julio de 2009, el entonces gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto se consolidó como precandidato presidencial de su partido gracias al desempeño del PRI en las intermedias que coincidieron con comicios locales en la entidad.
El tricolor recuperó, entonces de manos del PAN, cinco diputaciones federales y cuatro ayuntamientos que formaban parte del llamado “corredor azul”, un bastión indudable de Acción Nacional en la zona conurbada formado por Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Atizapán. También arrebató a la oposición Toluca, Ecatepec y Nezahualcóyotl.
Seis años después, en las intermedias de 2015, el Movimiento Regeneración Nacional se estrenó como partido con registro y tuvo un resultado inusitado para uno de reciente creación: tres millones de votos u 8.5% del total nacional.
Ese desempeño significó un paso determinante en las aspiraciones presidenciales de Andrés Manuel López Obrador, quien demostró de esa manera que no dependía del PRD, partido del que fue dirigente nacional y que apenas logró superar a Morena por un millón de votos.
¿Tendrá el actual proceso, que culmina el domingo 6, el mismo peso en la sucesión presidencial? Ni duda cabe. Aunque se pone el acento en lo que hará o dejará de hacer López Obrador –dependiendo de cómo quede integrada la próxima Legislatura de la Cámara de Diputados–, poco se repara en lo que significarán estas elecciones en términos de la sucesión de 2024.
Quien más se juega el futuro político es Claudia Sheinbaum. Ni ella ni los otros dos eventuales candidatos presidenciales del oficialismo –el canciller Marcelo Ebrard y el líder senatorial Ricardo Monreal– aparecen en las boletas, pero existe la posibilidad de un descalabro para Morena y sus aliados en la mitad de las alcaldías de la capital, que Sheinbaum gobierna.
Si eso sucede, mucho tendría que ver el desplome de un tramo elevado de la L12 del Metro, que causó 26 muertes y del que ya se cumplió un mes. El percance ha golpeado la popularidad de Sheinbaum. La Ciudad de México es, no se olvide, un bastión del movimiento lopezobradorista que sólo podría verse dañado por un autogol, pues Morena tiene los gobiernos federal y local, además de 14 de las 16 alcaldías capitalinas.
Un golpe así menguaría la presencia del oficialismo en el Congreso local y Sheinbaum lo acusaría mucho más que Ebrard y Monreal. Desde luego, el canciller tiene responsabilidad en la construcción de la L12, pero el petardo electoral en la capital lo dañaría sólo de rebote. De los tres, Monreal sería quien mejor trate la elección, sobre todo si su hermano David gana la gubernatura de Zacatecas como parece que sucederá.
El que Sheinbaum y, en menor medida, Ebrard se conviertan en damnificados del 6 de junio será en beneficio de Monreal, pero también de la oposición, pues ésta podrá posicionar como eventuales candidatos presidenciales en 2024 a quienes la opinión pública identifique como ganadores.
En las intermedias se juega mucho más que el resto del periodo de López Obrador. De sus resultados depende que el tabasqueño pueda ser el primer Presidente desde Miguel de la Madrid que le entrega el poder a su persona preferida.
Militarización y corrupción
A mediados de enero pasado, tres migrantes guatemaltecos indocumentados, que se habían quedado varados en Ciudad Juárez, llegaron a un negocio de jardinería en esa urbe fronteriza, solicitando trabajo. Cuando se identificaron como extranjeros, el dueño les encargó algunas tareas, les pagó el día y les pidió no regresar mientras no tuvieran sus papeles en regla. “Me puedo meter en un problema si los contrato así”, les dijo.
Algunas semanas después volvieron. “¿Ya arreglaron su estancia?”, les preguntó. “Sí, ya somos mexicanos”, le respondieron. Para probarlo, le mostraron sus respectivas credenciales para votar, emitidas por el INE. Al escuchar la historia, me puse a investigar y me enteré de cosas que están sucediendo en el Instituto Nacional de Migración. La primera, que se están multiplicando las denuncias de corrupción relacionadas con la regularización de migrantes indocumentados. La segunda, que el Inami se ha ido llenando de funcionarios de origen militar, retirados del Ejército y la Armada. Éstos ya están al frente de 18 de las 32 delegaciones en las entidades federativas.
El 14 de diciembre de 2020, El Diario de Juárez publicó una nota, firmada por el reportero Miguel Vargas, en la que se dio cuenta de las denuncias de corrupción en contra de funcionarios del Inami.
“Por la oficina en la entidad han pasado cuatro delegados en dos años de administración federal. El actual, (el general) Pedro Alberto Alcalá López, es investigado por segunda vez por el Órgano de Control Interno federal (…) Según las fuentes consultadas, que solicitaron el anonimato por estar activos en el Inami, se estarían negociando en tres mil dólares las visas de residencia permanente para extranjeros”. Casi seis meses después de esa publicación, el general sigue en su puesto.
Denuncias similares existen contra el delegado en Puebla, el también general retirado José Luis Chávez Aldana. De acuerdo con una nota del reportero Héctor Llorame, publicada el 10 de mayo pasado en el periódico digital E-Consulta, la delegación del Inami en el estado “fue acusada de facilitar el lucro con migrantes que son detenidos en su camino a la frontera norte del país”. Explicó que “personal de la delegación señaló que cada migrante paga por su liberación hasta mil dólares (20 mil pesos) a la abogada Claudia Ibeth Espinosa Oropeza y a su asociación civil No soy delincuente, soy migrante, ya que ella tiene el monopolio de la defensoría”.
“Esto en aparente complicidad con Chávez Aldana y la Estación Migratoria. Bajo el anonimato, personal del INM afirmó que Espinosa Oropeza libera hasta 10 migrantes por semana, de un promedio de 100 que se encuentran detenidos”.
Otro delegado que ha sido cuestionado es el general Pedro León Álvarez Alcacio, titular de la Oficina de Representación del Inami en Aguascalientes. De acuerdo con un reportaje publicado en la revista Proceso en abril de 2016, Álvarez Alcacio, entonces subdirector de ingenieros militares de la Sedena, habría presionado a Rigoberto López Camacho, responsable de la construcción de un edificio del Consejo de la Judicatura Federal en Oaxaca, solicitándole presuntamente “un porcentaje del presupuesto”. López Camacho se suicidó en el estacionamiento de un edificio de departamentos en Nuevo Polanco.
De las 18 delegaciones del Inami a cargo de militares, 12 las ocupan generales del Ejército y las otras seis, almirantes de la Armada, todos en situación de retiro. Las 14 restantes están a cargo de civiles, pero casi ninguno de ellos con experiencia previa en el Inami. De hecho, algunos sólo tienen experiencia política partidista, como la exdiputada federal perredista Osbelia Arellano (en Querétaro), suplente de Rosario Robles en la 56 Legislatura; Ignacio Fraire Zúñiga (en Zacatecas), quien renunció al PRD para apoyar la candidatura de David Monreal en 2016, y Manuel Salvador Cordero (en Baja California Sur), quien en la actual Legislatura tuvo un contrato de prestación de servicios por 112 mil pesos mensuales con el Senado, donde trabajó con el senador sudcaliforniano Víctor Castro Cosío, actual candidato de Morena a la gubernatura del estado.
