El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha designado a Tom Homan como “zar de la frontera” para su próxima administración, encargándole la supervisión de las deportaciones de inmigrantes indocumentados en el país.
Homan, quien anteriormente se desempeñó como director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la administración Trump entre 2017 y 2018, es conocido por su postura firme en materia de inmigración y por su apoyo a políticas controvertidas, como la separación de familias en la frontera.
En su nuevo rol, Homan será responsable de coordinar y ejecutar las políticas de inmigración de la administración Trump, incluyendo planes para deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. Ha declarado su intención de dirigir “la mayor fuerza de deportación que este país haya visto”.
La designación de Homan ha generado diversas reacciones. Algunos funcionarios locales, como el alcalde de Nueva York, Eric Adams, han expresado su disposición a colaborar con la administración entrante para abordar la crisis migratoria, enfatizando la necesidad de equilibrar la seguridad pública con la protección de los derechos de los inmigrantes.
Sin embargo, defensores de los derechos de los inmigrantes y organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación por las implicaciones de estas políticas, señalando posibles violaciones a los derechos civiles y humanitarios. Además, expertos legales han cuestionado la viabilidad y legalidad de implementar deportaciones a gran escala.
La administración Trump ha indicado que, bajo la dirección de Homan, se priorizará la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales y aquellos considerados una amenaza para la seguridad nacional. No obstante, los detalles específicos de cómo se llevarán a cabo estas operaciones aún no se han divulgado completamente.
Se espera que las políticas de inmigración de la nueva administración tengan un impacto significativo en las comunidades de inmigrantes en todo el país, así como en las relaciones entre el gobierno federal y las jurisdicciones locales que han adoptado políticas de “ciudad santuario”. La implementación de estas medidas será un tema central en los próximos meses, a medida que la administración Trump asuma el poder y comience a ejecutar su agenda en materia de inmigración.
