El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con un pago de 130.000 dólares a la exactriz de cine para adultos Stormy Daniels, realizado antes de las elecciones presidenciales de 2016.
El juez Juan Merchan, encargado del caso, dictó una sentencia de “liberación incondicional”, lo que significa que Trump no enfrentará pena de prisión, libertad condicional ni multa. Esta decisión convierte a Trump en el primer presidente electo de Estados Unidos con una condena penal en su historial.
Durante la audiencia, Trump participó por videoconferencia, donde expresó su desacuerdo con el veredicto y reafirmó su inocencia, calificando el proceso como una “caza de brujas” por parte del gobierno demócrata. El juez Merchan destacó la singularidad del caso y las protecciones legales que debían respetarse, lo que influyó en la decisión de no imponer sanciones adicionales.
La defensa de Trump solicitó previamente el aplazamiento de la sentencia, argumentando que podría interferir con la transición presidencial antes de su toma de posesión el 20 de enero. Sin embargo, tanto el Tribunal Supremo de Estados Unidos como otras instancias judiciales rechazaron estas solicitudes, permitiendo que el proceso avanzara según lo programado.
A pesar de la condena, Trump mantiene su elegibilidad para asumir la presidencia y ha anunciado su intención de apelar el veredicto. Este caso ha generado un debate significativo sobre la intersección entre la justicia penal y la política en Estados Unidos, especialmente considerando la proximidad de la toma de posesión presidencial.
