Juegos de poder, por:
Leo Zuckermann.
Twitter:@leozuckermann
En unas pocas horas salieron publicados un par de
reportajes que involucran a dos de los hijos del Presidente. El primero, en
Latinus, es sobre cómo amigos de Andrés López Beltrán obtuvieron contratos por
parte del gobierno. El segundo, de Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad, asevera que José Ramón López Beltrán vive en una casa propiedad de
la asistente personal de la directora de La Jornada, uno de los medios de
comunicación que más ha recibido dinero del gobierno federal durante este
sexenio.
He revisado ambos reportajes y confieso que no los
encuentro particularmente sólidos desde el punto de vista periodístico. Eso
pienso yo. Que cada quien saque sus propias conclusiones. Me parece, sin
embargo, que el gobierno está obligado a tomar el toro por los cuernos y
aclarar estos casos.
Con respecto a la vivienda del hijo mayor en la
alcaldía de Coyoacán, pues es tan sencillo como decir si paga renta y es acorde
a los precios del mercado en esa zona. Debe esclarecerse si existe o no un
posible conflicto de interés entre arrendador y arrendataria, quien es empleada
de una empresa de medios que recibe muchos millones pesos al año por parte del
gobierno del padre del inquilino. La casera no es, por cierto, cualquier
asalariada de La Jornada. Se trata, según el reportaje, de una de las
asistentes de la directora del diario, Carmen Lira, muy cercana al presidente
López Obrador.
Insisto: esto es tan sencillo como aclarar la
inexistencia de un conflicto de interés.
En cuanto al segundo caso, nada impide en la ley que
los amigos de los hijos de un Presidente ganen contratos con el gobierno. Aquí
lo que procede es aclarar dos cosas.
Primero, que no hubo influyentismo en el otorgamiento
de los convenios. La Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano deben transparentar cómo se asignaron las obras y
supervisiones con el fin de negar que aquí exista una “presunta red de empresas
que simulan competencia”, tal como afirma el reportaje de Latinus.
Segundo, el gobierno debe presentar las pruebas de que
las obras y supervisiones que realizaron los presuntos amigos de López Beltrán
se hicieron en tiempo y forma, es decir, que cumplieron con lo convenido y
cobraron una cantidad razonable de acuerdo, de nuevo, a precios de mercado.
Con estas aclaraciones, quedarían zanjados ambos
reportajes para el gobierno de López Obrador.
Lo que no se vale es levantar cortinas de humo para
distraer la atención mediática, atacar a los periodistas que publicaron los
reportajes o afirmar que ellos son diferentes porque tienen autoridad moral.
No. Aquí necesitamos explicaciones muy simples si hubo o no conflicto de
interés o influyentismo. Esto se puede solventar literalmente en cinco minutos.
Y, como dice el Presidente, “no nos chupemos el dedo”.
Todo esto se da en un contexto de creciente
competencia política en la medida en que se acercan las elecciones de 2024. Tal
y como lo hizo López Obrador y colaboradores hace seis años que explotaron
políticamente casos reales, y otros nunca comprobados, de corrupción durante el
sexenio de Peña, ahora los malquerientes de la Cuarta Transformación están
filtrando información para desprestigiar al gobierno actual.
Por eso es tan importante que se despejen los dos
casos.
Si se comprueba con evidencia empírica que son
mentira, quedarían mal los autores de los reportajes y perderían credibilidad.
Si alguno de los dos resulta verdadero, el golpe sería a la credibilidad de
este gobierno que llegó al poder con una agenda de combatir la corrupción y
comportarse de manera honesta en el ejercicio del poder.
Creo, además, que conforme se acerquen las elecciones
y se ponga más ruda la repartición de candidaturas de Morena, aparecerán más
presuntos casos de corrupción. Los perdedores suelen enojarse porque no
consiguieron el puesto que querían y, de mala leche, comienzan a filtrar
información privilegiada que tienen.
Tan sólo recordemos que el famoso “garganta profunda”
del caso Watergate, que tiró al presidente Nixon, era nada menos que Mark Felt,
subdirector del FBI, quien le reveló al periodista Bob Woodward el espionaje al
Partido Demócrata porque Nixon no lo había hecho director de dicha
organización.
La temporada de caza apenas comienza. Que se preparen
en Palacio Nacional.
