Editorial La Revista Peninsular
A principios de semana, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de Alejandra Cuevas Morán tras
concluir que no hubo fundamento legal ni pruebas las cuales sustentaran que
haya sido privada de su libertad. Con esta decisión de la Corte, quedó en
evidencia que Alejandro Gertz Manero, principal promotor del aprisionamiento de
Cuevas Morán, utilizó el poder de su cargo como fiscal general de la República
para llevar a cabo una venganza personal. Por esto, así como por otros escándalos
que carga, Gertz Manero es señalado actualmente como uno de los funcionarios
más corruptos dentro del sistema público mexicano.
El conflicto entre el fiscal y Alejandra Cuevas no es
nuevo. Todo comenzó en el 2015 cuando Alejandro Gertz Manero, en ese entonces
rector de la Universidad de Las Américas, denunció a Cuevas y a Laura Morán por
presuntamente haber omitido brindar atención médica adecuada a su hermano
enfermo, Federico Gertz Manero, lo que le causó la muerte a los 82 años de
edad; Federico Gertz fue pareja de Laura Morán por más de 50 años y era
padrastro de Alejandra Cuevas.
Las autoridades que conocieron el caso consideraron
que no había suficientes indicios para ejercer la acción penal en contra de las
acusadas, lo cual causó inconformidad en Alejandro Gertz pues reprochó que
estaban siendo ayudadas por el gobierno.
El caso permaneció inactivo por un par de años hasta
que Alejandro Gertz Manero fue designado como fiscal general de la República y
gestionó que la fiscalía de la Ciudad de México, encabezada por Ernestina
Godoy, volviera a indagar el asunto. La fiscal Godoy reactivó el caso, lo llevó
a juicio y para octubre del 2020 ya había conseguido una orden de aprehensión
en contra de Laura Morán y la detención de Alejandra Cuevas; en la actualidad,
la primera tiene 95 años de edad y la segunda 68.
Ante estas acciones dispuestas para privarlas de su
libertad, Alejandra Cuevas y Laura Morán se ampararon, lo que permitió que el
asunto llegara a la SCJN. El ministro Pérez Dayán fue el primer encargado de
elaborar un proyecto de sentencia sobre este tema, pero su propuesta fue
desechada debido a que los ministros consideraron que faltó profundidad en su
análisis. En consecuencia, se dispuso que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena redactara un nuevo proyecto, el cual fue mejor recibido por sus colegas ya
que fue aprobado por unanimidad, situación poco común en casos de esta
magnitud.
El proyecto aprobado por la SCJN les concedió a Laura
Morán y Alejandra Cuevas el amparo que solicitaron, lo cual hizo que se anule
la orden de aprehensión en contra de la primera y que la segunda fuese puesta
en libertad después de más de 500 días en prisión.
El ministro Gutiérrez Ortiz Mena argumentó en su
proyecto que Morán y Cuevas no tenían la obligación ni la capacidad para evitar
que Federico Gertz Manero falleciera; además, reconoció que ambas hicieron lo
que pudieron para brindarle atención médica oportuna. De igual manera, el
ministro consideró que las autoridades utilizaron conceptos jurídicos
inexistentes en el marco normativo, como “garante accesoria”, para acusar a
Alejandra Cuevas. Finalmente, explicó que la autoridad no actuó con perspectiva
de género ya que la línea argumentativa que usó para encarcelar a Alejandra
Cuevas tiene un fundamento misógino pues establece que ella debió velar por la
vida de Federico Gertz, no porque fuese su obligación, que no lo era, sino por
ser mujer.
Los otros 10 ministros coincidieron con el
planteamiento del ministro Gutiérrez Ortiz Mena y agregaron que la autoridad
condenó sin pruebas, faltó al debido proceso, llevó a cabo una aprehensión
inconstitucional y violentó los Derechos Humanos de las víctimas.
La decisión de la Corte no solo exhibe a Alejandro
Gertz Manero por haber promovido injustamente los juicios en contra de
Alejandra Cuevas y Laura Morán, sino que también pone el reflector sobre la
fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y el Poder Judicial de la
Ciudad de México por haber permitido y facilitado este proceso que
evidentemente no tiene fundamento legal. Si bien, los ministros decidieron no
perseguir a estos funcionarios por las irregularidades en su actuar, sí dejaron
en claro cuáles fueron sus errores y excesos para que, en caso de que las
víctimas quisieran denunciarlo, tuviesen las herramientas y argumentos para
ello.
La postura del presidente Andrés Manuel López Obrador
sobre este tema ha sido un tanto ambigua. Por un lado, reiteró que le tiene
completa confianza al fiscal como lo ha hecho varias veces en el pasado. No
obstante, por el otro lado, dijo que también confiaba en la Corte, aplaudió la
manera en cómo ésta resolvió el asunto y le ordenó a la Secretaría de
Gobernación brindar protección a las víctimas. Este último es un punto
sumamente interesante pues, de la única persona que habría que proteger a las
víctimas es de Alejandro Gertz Manero.
No es extraño que el titular del Ejecutivo se rehusé a
señalar a Gertz Manero pues hacerlo le podría generar críticas a su gobierno.
Para empezar, él fue quien propuso a Gertz como fiscal general, entonces
calificarlo de corrupto sería el equivalente a admitir que cometió un error, lo
cual es raro en el actual presidente pues normalmente lo toma como perder ante
la oposición.
De igual manera, quitarle su confianza al fiscal
traería dudas sobre el desempeño que ha tenido en su cargo. Esto necesariamente
implicaría revisar los esfuerzos del combate contra la corrupción que se han
llevado a cabo durante la actual administración pues se reforzarían los
cuestionamientos sobre si personajes como Ricardo Anaya o Rosario Robles
también fueron víctimas de fabricación de delitos.
Aunque es verdad que a López Obrador podría salirle
caro gestionar la salida de Gertz Manero, lo más probable es que le resulte aún
más caro no hacerlo. El caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán ha tenido una
amplia difusión y prácticamente todos los comentarios al respecto son en contra
del fiscal. Esto, sumado a sus pésimos resultados, los actos de persecución que
ha cometido contra miembros del Conacyt, el presunto desvío de cientos de millones
de pesos que hizo desde la Universidad De Las Américas y su tendencia a los
conflictos demostrada en su pugna con Julio Scherer, hacen que la presencia de
Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República se vuelva cada
vez más insostenible.
Si retira a Gertz Manero de la fiscalía, el presidente
demostraría que su discurso en contra de la corrupción son más que palabras;
sin embargo, si decide no hacerlo, le hará ver a México que su gobierno habla
mucho, pero hace poco o nada.
