El gobierno de Estados Unidos confiscó este lunes un avión oficial del presidente venezolano Nicolás Maduro en República Dominicana, y lo trasladó a Florida. La operación, basada en las sanciones impuestas por EE.UU. contra Venezuela, fue descrita como un movimiento sin precedentes en asuntos penales, enviando un mensaje claro de que “nadie está por encima de la ley”. La aeronave, valorada en aproximadamente 13 millones de dólares, fue incautada bajo la premisa de violar sanciones estadounidenses.
Varios funcionarios estadounidenses explicaron que esta acción involucró la colaboración de varias agencias federales y de la República Dominicana, que notificó a Venezuela sobre la incautación. Aunque no se ha dado una confirmación oficial sobre los detalles, se destacó que la oportunidad para la confiscación surgió recientemente, lo que permitió a las autoridades llevar a cabo la operación.
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El avión incautado, comparado con el Air Force One venezolano, ha sido fotografiado en múltiples visitas de Estado de Maduro alrededor del mundo. La acción representa un golpe significativo para el gobierno venezolano, especialmente en un contexto de crecientes tensiones entre EE.UU. y Venezuela. La administración de Biden ha sido particularmente crítica hacia el gobierno de Maduro, acusándolo de incumplir compromisos electorales y de manipular el sistema electoral venezolano.
La incautación de este avión se suma a una serie de sanciones y medidas implementadas por Estados Unidos en su esfuerzo por presionar al gobierno de Maduro. Estas acciones incluyen la confiscación de vehículos de lujo y otros activos vinculados a figuras del régimen venezolano, aunque nunca antes se había confiscado un activo de tan alto perfil y simbolismo.
El gobierno venezolano, por su parte, ha rechazado las acusaciones y ha afirmado que no debe explicaciones a Estados Unidos sobre la reelección de Maduro, calificando la postura estadounidense como una intromisión inaceptable en sus asuntos internos. Este incidente subraya las tensiones continuas y la compleja relación entre Estados Unidos y Venezuela, en un contexto donde las sanciones y medidas punitivas siguen siendo una herramienta clave de la política exterior estadounidense hacia el país sudamericano.