El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el martes que no se publicará el video completo y sin editar de un ataque militar ocurrido el 2 de septiembre en el mar Caribe en el que murieron dos personas tras un segundo golpe después de un primer bombardeo a una embarcación sospechosa de narcotráfico, informó la agencia Associated Press.
Hegseth explicó que se trata de material clasificado como “top secret”, por lo que no será divulgado al público general, aunque adelantó que será mostrado a miembros de los comités de Servicios Armados de la Cámara y el Senado en sesiones privadas. “Of course we’re not going to release a top secret, full, unedited video of that to the general public,” declaró Hegseth a reporteros tras una sesión informativa cerrada en el Capitolio.
La negativa a divulgar el video completo ocurre en medio de una campaña militar más amplia en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones que Washington afirma están vinculadas al narcotráfico, acción que el Gobierno ha defendido como parte de su estrategia de seguridad regional. Hasta la fecha, las fuerzas armadas han llevado a cabo más de 20 ataques similares desde septiembre, con decenas de muertos, según reportes de prensa internacional.
La decisión ha provocado críticas bipartidistas en el Congreso de Estados Unidos. Legisladores demócratas y algunos republicanos han pedido mayor transparencia y cuestionan la legalidad y la ética del operativo, especialmente después de hacerse pública la existencia de un segundo impacto que acabó con la vida de dos sobrevivientes de la primera explosión.
Aunque el presidente Donald Trump había indicado días atrás que no tendría problema en que el material se hiciera público, posteriormente revirtió su postura y dejó la decisión final en manos de Hegseth, según informes periodísticos sobre declaraciones anteriores del mandatario y de su equipo.
Críticos legales han señalado que los ataques en los que murieron individuos que ya se encontraban en el agua podrían violar normas internacionales, pues la ley de conflicto armado prohíbe atacar a personas que ya no representan una amenaza. Sin embargo, el Gobierno sostiene que sus acciones son legítimas dentro de su campaña contra las redes de narcotráfico y organizaciones que considera terroristas o peligrosas.
El debate en Washington continúa, con presiones para que el Congreso ejerza mayor supervisión sobre las operaciones militares y con llamados a revisar los límites de la autoridad ejecutiva en campañas que involucran fuerza letal fuera de zonas de conflicto declaradas oficialmente.
