A partir del próximo ciclo fiscal, que comienza tentativamente el 1° de octubre de 2025, Estados Unidos aplicará una nueva tarifa de 250 USD, conocida como “Visa Integrity Fee”, que se añadirá al costo existente de aproximadamente 185 USD para visas de no inmigrante como la de turista (B-1/B-2), negocios, estudios (F-1), intercambio (J-1) o trabajo temporal (H-1B), entre otras . Esto hará que el costo total llegue a cerca de 435–442 USD .
La medida forma parte de la ley presupuestaria denominada One Big Beautiful Bill Act impulsada por la administración Trump, bajo el argumento de reforzar la seguridad y los controles migratorios, así como recuperar costos del proceso de emisión de visas . Se ha anunciado que será obligatoria para todos los solicitantes aprobados, aunque países incluidos en el Programa de Exención de Visados (Visa Waiver Program, VWP) —quienes ingresan con ESTA— estarán exentos .
El esquema contempla la posibilidad de reembolso, siempre que el titular cumpla con todas las condiciones de la visa (no trabajar sin autorización, salir a tiempo, no violar estatus migratorios), aunque aún no se han publicado las pautas para solicitarlo .
Los datos del sector dan señales preocupantes. En julio de 2025, el turismo extranjero cayó un 3.1 %, una tendencia que se atribuye en parte a este tipo de restricciones . Se estima que el gasto de visitantes internacionales caerá de 181 000 millones a menos de 169 000 millones de USD este año . Expertos advierten que la tarifa podría profundizar este declive, especialmente desde países como México, India y Brasil, con quienes EE.UU. ha experimentado un crecimiento en llegadas durante 2025 .
Las previsiones indican pérdidas millonarias: mientras la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) calcula que la recaudación promedio podría alcanzar 2 700 millones USD anuales, análisis de la industria turística proyectan un impacto económico adverso de hasta 11 000 millones USD en tres años, incluyendo menores ingresos fiscales y pérdida de empleos
