Claroscuro, por: Francisco López Vargas.
“El poder se ejerce, no se comparte, pero hay que ejercerlo con la ley, siempre anteponiendo a los intereses personales o a los odios, respetar la irrestricta aplicación y respeto al Estado de Derecho. Sin este principio y la seguridad del mismo, no existe ni una posibilidad de tener democracia y mucho menos progreso. Repito, el poder que el pueblo nos otorga es para servirlo, no para servirse de él”.
Javier Coello Trejo, el fiscal de Hierro, fue el responsable de esa frase y también de combatir la corrupción en el gobierno de José López Portillo cuya gestión, como la de Luis Echeverría, fue minada por ese mal.
López Portillo metió a prisión a más de uno de sus colaboradores. Actuó y para ello usó a Coello Trejo que él mismo le adjudicó el mote del Fiscal de Hierro. En la percepción general, ese gobierno fue el más corrupto, como el de Peña Nieto, con la diferencia que López Portillo no perdió la elección siguiente en la que no hubo ni competidores. Miguel de la Madrid fue su sucesor.
Ese México que narra Coello Trejo en su libro “El Fiscal de Hierro” no sólo no tiene desperdicio sino que nos expone con crudeza lo que la realidad política hacía y operaba en aras de preservar el orden del país. El tiempo fue el que desgastó el esquema y los abusos siendo exhibidos.
Hoy, el tema de la reforma eléctrica está exhibiendo las mentiras del régimen que no encuentra cómo justificar esa nacionalización cuando los recursos se le acaban al presidente y está desesperado por echar mano de otra nueva fuente de financiamiento.
La desesperación está llegando a la obligatoriedad del registro ante Hacienda de jóvenes al cumplir los 18 años aunque no hayan iniciado su vida productiva, para tenerlos cautivos y poder rastrear sus operaciones. El tema, que se discute como parte del presupuesto 2022, está a discusión en la Cámara de Diputados.
Lo que se debate en realidad es un tema político más que económico porque a todas luces el costo que tendrá esa modificación nos dejará sin recursos como nos sucedió al permitir, sin pelear, la desaparición del aeropuerto de Texcoco, la desaparición de los fideicomisos y los dispendios ofensivos en Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía además de los programas sociales que sólo buscan clientelas electorales.
El presidente está desesperado por más recursos para mantener a esos beneficiarios que votan por él.
En los hechos, el peor escenario de la democracia está a la vista: el presupuesto nacional no para atender las necesidades de la población sino para la manipulación política del partido en el gobierno.
En los hechos, Morena resultará peor que el PRI que tuvo la “decencia” de crear las contralorías ante el reclamo social de los abusos.
Hoy, el gobierno que decía ser diferente está reconstruyendo al viejo régimen a golpes de imposición sólo para darle gusto a la visión de país de un solo hombre. Peor no podría ser.
Lo lamentable es que haya indecisiones de los partidos que podrían ser un contrapeso y que piensen que violentar todos los acuerdos firmados con las empresas que han invertido en el país es cosa menor. El costo que pagaremos será mucho más que la cancelación del aeropuerto de Texcoco que vaya que costó caro. La electricidad nos haría pagar por daños a empresas privadas y sus contratos e inversiones 15 veces más.
La decisión de la alianza de ser un contrapeso real en temas de reformas constitucionales pareciera ser la luz al final del túnel porque sintiera que el régimen está peleado no sólo con la inversión extranjera sino con ser un país con más oportunidades para los mexicanos.
Por si fuera poco, un grupo de 20 legisladores, republicanos y demócratas, que representan a Texas en el Capitolio, dirigió una carta al Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para pedirle que interceda a favor de las empresas estadounidenses.
En la misiva aseguran que el Gobierno de México ha tomado pasos para discriminar a empresas de energía de Estados Unidos y favorecer a las empresas estatales mexicanas, como la reciente Ley de Hidrocarburos.
Lo que ha quedado claro es que la ausencia de conocimiento de economía y de cómo opera el mundo hoy en día, los lleva a tomar decisiones que eran entendibles en el contexto del mundo hace 50 años. Hoy, el mundo cambió y tiene otras prioridades igual que el país que ya no tiene 45 millones de habitantes como en 1960.
Las decisiones del presidente son tan polémicas que en pleno enfrentamiento con trabajadores de la empresa que construye su refinería y hasta un herido con arma de fuego hubo, él le da la misma importancia que ver el partido de béisbol de las grandes ligas, la obligación igual que la diversión.
El problema es que el presidente habla y no se da cuenta de que al hacerlo se desnuda como un personaje autoritario que esta semana criticó el amparo concedido por un juez para la vacunación de menores de edad. “Así no se puede, hay un plan de vacunación ya listo y ahora resulta que por uno tenemos que hacerlo diferente, convertirla en universal”, la intolerancia al extremo.
López Obrador cree que el Estado es él y sus prioridades políticas debieran ser obedecidas por 130 millones de mexicanos que no pensamos igual ni siquiera en cada municipio ni colonia.
El que decía gobernar para los más pobres hoy atenta contra las empresas que emplean a esos pobres y no repara que al cerrarse esas fuentes de empleo, los empresarios se llevarán su dinero a otro lado mientras los más pobres se quedarán sin trabajo. No importa, para eso están sus programas sociales y la gente debe conformarse con tener sólo un par de zapatos y acaso un auto viejo, pero ¿les alcanzará el presupuesto?
