Por: Javier Aparicio.
Aún está por verse si la apuesta gubernamental por nuevos programas sociales basados en transferencias directas a distintos grupos sociales logra tener un impacto real en la distribución del ingreso
Ha concluido, ahora sí, el primer año de gobierno. A diferencia del primer trimestre o del informe de gobierno de septiembre pasado, ahora es un momento más justo y oportuno para evaluar el desempeño del nuevo gobierno, desde sus promesas, acciones y políticas públicas hasta sus primeras consecuencias observables.
Los principales retos del país son la inseguridad, el estancamiento económico y, a decir del mismo Presidente durante su campaña, el combate a la corrupción. Todo parece indicar que este año se observará una cifra récord en el número de homicidios, lo cual difícilmente podría interpretarse como evidencia de una estrategia de seguridad exitosa. En cuanto a la economía, el estancamiento en el crecimiento económico del PIB y una franca caída en la creación de empleos y los niveles de inversión pública y privada, tampoco pueden interpretarse como evidencia de un plan económico exitoso.
Aún está por verse si la apuesta gubernamental por nuevos programas sociales basados en transferencias directas a distintos grupos sociales logra tener un impacto real en la distribución del ingreso. Podría ocurrir que las mejoras sociales en términos de redistribución del ingreso se pierdan o contrarresten con la pobreza inducida por el estancamiento económico.
A juzgar por la distancia entre lo prometido y lo conseguido, el 2019 será, en resumen, un mal primer año de gobierno. Esto no quiere decir que todo lo hecho sea malo, por supuesto. En el lado positivo destacan el aumento histórico en salarios mínimos, la orientación de algunos programas sociales —no todos, por desgracia, dado el escaso compromiso mostrado por el monitoreo y evaluación de los nuevos programas—, algunas de las medidas de austeridad —no todas, puesto que muchas capacidades estatales de hecho se han debilitado— y la reorientación de ciertas prioridades en el gasto público.
Sin embargo, no es lo mismo hablar de un mal gobierno que de un retroceso democrático o, peor aún, de una deriva autoritaria. En cierto sentido, la mayoría de los gobiernos democráticos son decepcionantes: su desempeño y sus logros suelen estar muy por debajo de las promesas de campaña y la retórica cotidiana de los gobernantes. Una consecuencia natural de un mal gobierno es la alternancia en el Poder Ejecutivo, o bien la fragmentación del Legislativo. Este fenómeno se repite en mayor o menor medida con los gobiernos y congresos locales: los gobiernos menos malos, en teoría, deberían permanecer en el poder con mayor facilidad que los peores. El juego democrático conduce de manera natural a la fragmentación, división y yuxtaposición del poder. Entre la ambición de unos por conseguir el poder y el temor de otros por perderlo, el juego democrático debería conducir —de nuevo, en teoría— a tener elecciones cada vez más reñidas. Así, la incertidumbre electoral debería inducir cada vez mejores gobiernos.
Por desgracia, la evidencia comparada de diversos países, incluido el nuestro, muestra que el mecanismo virtuoso antes descrito no siempre funciona tan eficazmente como las teorías más simples sugieren. Los políticos en el poder suelen tener ventaja al buscar la reelección y los malos gobiernos pueden lograr mantenerse en el poder por varios periodos. Una parte de esta ventaja proviene del acceso que los gobernantes tienen al gasto público y la exposición mediática de sus actos de gobierno, por ejemplo. Otra parte proviene de la forma limitada en que el electorado recibe y procesa la información del quehacer gubernamental.
Una tercera forma de conseguir una ventaja política indebida es manipulando las propias reglas del juego electoral: el menú de opciones es amplio, pero incluye reformas constitucionales o legales que benefician al gobierno en turno, debilitar el contrapeso del Poder Judicial u otros órganos autónomos, tales como los árbitros y tribunales electorales, y utilizar de manera parcial el erario.
Un gobierno con mayoría legislativa no es necesariamente menos democrático que uno sin ella. Pero al enfrentar menos contrapesos, es más susceptible al abuso del poder. Un reto para el próximo año será que el gobierno aprenda a hacer mejor las cosas. Un reto para la sociedad será vigilar que las reglas del juego democrático no se debiliten más.
