El Bronco contra Kia Motors en tribunales
Por Guillermo Vázquez Handall
Todo parece indicar que la cruenta batalla entre algunos estados de la república por conseguir que se instalen en su territorio plantas armadoras de vehículos, cobrará su primera víctima.
Lo que no se sabe todavía es quién será el sacrificado, si el Gobierno del Estado de Nuevo León o la marca coreana Kia Motors, subsidiaria de Hyundai, debido al conflicto de intereses vigente entre ambas instancias, que es muy probable pueda terminar dirimiéndose en los tribunales.
Esto porque la administración que encabeza Jaime Rodríguez no quiere respetar los acuerdos establecidos para el propósito por su antecesor Rodrigo Medina con la empresa transnacional.
Según la actual administración estatal, el arreglo se construyó en la desesperación por lograr a como diera lugar la instalación de la armadora, lo que derivó en que se otorgaran concesiones, además de onerosas, exorbitantes y por ello imposibles de cumplir.
Bajo esta perspectiva, el gobierno de El Bronco estima que además de la inviabilidad, algunos de los apartados del contrato son ilegales y presumen actos que incluso podrían tipificarse como producto de la corrupción.
Sin embargo, esta postura bien podría ser también parte de una estrategia mediática, como las que acostumbra El Bronco, en su afán desmedido para atraer reflectores, sin considerar el daño que provoca en consecuencia.
Para efectos del análisis es pertinente recordar en resumen los antecedentes del caso:
Hace dos años, el Gobierno de Nuevo León invitó a la empresa Kia Motors a construir su primera planta en nuestro país, específicamente en el municipio de Pesquería, en una superficie de 632 hectáreas.
Por su parte Kia se comprometió a invertir más de mil millones de dólares, y producir alrededor de 300 mil unidades por año, creando tres mil empleos directos y otro tanto más indirectos.
Para consolidar el acuerdo, el gobierno neoleonés en ese entonces a cargo de Rodrigo Medina ofreció a la empresa coreana una larga lista de estímulos de todo tipo que por sí mismos representaban un aliciente imposible de rechazar.
Porque independientemente de la posición geográfica del estado, que además es el más importante productor nacional de autopartes, en el balance la oferta superaba por mucho la de cualquier otra entidad.
Además de todos estos beneficios para Kia Motors, Nuevo León, por ser frontera con los Estados Unidos, significa una plataforma estratégica para la exportación de sus unidades a ese mercado.
El asunto es que a unos meses de la fecha establecida para el inicio de operaciones, el Gobernador se niega a cumplir lo ofrecido, mientras que la empresa exige el acatamiento de lo pactado.
Se podría entender que ambas instancias tienen cada una parte de la razón; sin embargo, desde la perspectiva del estado nadie está obligado a respetar lo que no se puede efectuar.
Mientras que por el otro lado la subsidiaria coreana reclama la falta de seriedad del gobierno estatal, lo que supone un duro golpe a su credibilidad, más allá de todos los demás efectos negativos que conlleva su actitud.
El problema es que por la posición de ambos, cuando la mediación no ha logrado mayor avance, lo que se espera es que el conflicto se eleve a una disputa legal.
Independientemente del fallo, el que sea, sin lugar a dudas quien más pierde con toda esta crisis es Nuevo León y su sociedad, no sólo su autoridad, porque lo que no está en tela de juicio es el impacto superlativo de una inversión de este tipo.
La característica principal de la promoción oficial de inversiones se fundamenta, precisamente, en incentivar la producción y la creación de empleo con un costo a fondo perdido para el gobierno, mismo que no se recupera directamente, sino a través de la derrama que estas producen en el tiempo en muy diversos sectores económicos locales, de tal suerte que la autoridad no puede actuar mezquinamente como si fuera a su vez una empresa.
Lo anterior sin dejar de lado que la posición del Gobierno de Nuevo León se circunscribe como una muy mala publicidad para todo el país, más aún cuando México hace grandes esfuerzos por atraer inversión extranjera.
Porque con acontecimientos como este, se lesiona la imagen favorable del país como un destino atractivo, sobre todo si se considera que uno de los argumentos más trascendentes para ello es, precisamente, la seriedad de la autoridad.
La disyuntiva estriba en que para el gobernador, la instalación de la planta automotriz no es un logro suyo, por lo que complicar su puesta en marcha sugiere que en el entorpecimiento del proceso, él personalmente adquiera un protagonismo que evidentemente se relaciona con sus aspiraciones presidenciales.
De cualquier forma, aún a pesar de los argumentos que El Bronco esgrime para no honrar lo acordado, la posibilidad de romper el acuerdo con Kia Motors es un error gravísimo, mucho más costoso que lo que implica el monto de las aportaciones del estado.
Porque en contraparte, los beneficios a mediano y largo plazos son más que suficientes para justificar el que aparentemente los estímulos hayan superado el margen considerado normal, y eso está por encima del egoísmo y la vanidad del Gobernador.
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