El salvadoreño Kilmar Armando Ábrego García, quien fue deportado por error a El Salvador en marzo de 2025 pese a contar con una orden judicial que le protegía de la expulsión, enfrenta un proceso judicial y migratorio en los Estados Unidos que ha captado atención nacional e internacional por las irregularidades y las implicaciones legales que conlleva.
Abrego García, de 30 años y residente en Maryland con su esposa e hijos, fue deportado a pesar de que un juez de inmigración había establecido que no podía ser enviado a su país de origen debido al riesgo de violencia por parte de pandillas, y una Corte Suprema estadounidense ordenó su regreso tras reconocer que la deportación fue producto de un “error administrativo”.
Tras su retorno a Estados Unidos en junio de 2025, el Gobierno lo acusó de tráfico de personas y fue arrestado en Tennessee, donde también permanece bajo cargos federales. En los documentos procesales, las autoridades han sostenido que Abrego García representaba un peligro para la comunidad y lo han vinculado con la pandilla MS‑13, aunque nunca ha sido declarado culpable de delito alguno y su defensa niega esas afirmaciones.
En audiencias recientes, fiscales federales han respondido a alegatos de la defensa según los cuales el proceso judicial en su contra sería “vengativo”, rechazando esa caracterización y sosteniendo que su actuación se ajusta a la ley y a los hechos del caso. La defensa había argumentado que la Administración estadounidense ha mostrado un enfoque “persecución vengativa” al centrar sus esfuerzos en Abrego García, incluida la imputación y los comentarios públicos de funcionarios, algo que consideran que ha dificultado su derecho a un debido proceso.
Además de los cargos penales, el proceso de deportación continúa siendo un punto de disputa ante los tribunales migratorios. En febrero de 2026, una jueza federal dictaminó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no puede volver a detenerlo porque ha expirado el plazo legal de detención y no existe un plan viable de deportación a un tercer país, lo cual refuerza la complejidad del caso y la interpretación de la ley migratoria estadounidense.
El caso de Kilmar Ábrego García ha suscitado amplios debates sobre el funcionamiento de los procedimientos migratorios, el respeto al debido proceso y la interacción entre la justicia criminal y las políticas de inmigración en los Estados Unidos.
