Visto el conflicto magisterial como lo que es, como un
desacuerdo entre el gobierno de la república y un sindicato magisterial, es
fácil darse cuenta de que el problema estriba en que la parte sindical se está
extralimitando en sus funciones y facultades estrictamente gremiales, para
pasar a invadir facultades que corresponden a los poderes públicos, en concreto,
a la Secretaría de Educación Pública. No hace falta pensarlo mucho para coincidir
en que decisiones como la contratación y ubicación laboral de los trabajadores
de la educación, la designación de los funcionarios encargados de la
administración de la educación pública, la emisión y entrega de los documentos
que acreditan los estudios de los educandos, la orientación y el contenido de los
planes y programas de estudio y, finalmente y solo a título de ejemplo, una
reforma educativa como la que hoy se discute, son función y responsabilidad
exclusivas de la institución encargada de la educación del país.
No quiero decir con esto que los maestros no puedan ni
deban participar y opinar en cuestiones que les tocan tan de cerca, como la
orientación y metas de las reformas, parciales o totales, que el sistema
educativo pueda requerir, aportando sus conocimientos y su valiosa experiencia
en tan importante materia; solo digo que esto lo pueden y deben hacer como maestros, es decir, en tanto que profesionales
competentes en la difícil tarea de educar, pero no como sindicato, no a través de sus dirigentes sindicales,
convertidos de la noche a la mañana en especialistas de alto nivel en cada una
de las difíciles cuestiones que involucran todo cambio verdadero y toda mejora
sustancial del sistema educativo nacional. Y menos creo (y pienso que nadie que
tenga el cerebro en su lugar lo cree) que tengan el legítimo derecho de usar su
fuerza de masas para dominar el aparato burocrático, para retener o incrementar
concesiones abusivas otorgadas por una autoridad débil o miope, o para imponer
a todo el país su propia reforma educativa, habiendo decidido por sí y ante sí
que es la mejor y que es, por tanto, la que debe aceptarse sin discusión ni
reparo alguno. Esto es lo que yo llamo extralimitarse en sus funciones legales
de carácter sindical, para pasar a invadir prerrogativas propias de las
instituciones de gobierno encargadas del área educativa del país.
Pero es necesario añadir en seguida, sin falta y con
toda claridad, que esta extralimitación, esta distorsión de la visión política
del sindicalismo magisterial, ni es exclusiva del sindicato de los profesores
ni es culpa personal de sus dirigentes. Y mucho menos lo es de sus miembros de
base. Esta ampliación abusiva del papel y de la verdadera naturaleza del organismo
de defensa gremial es una enfermedad de todo el sindicalismo mexicano,
enfermedad que viene, por lo menos, desde la época en que la corriente sindical
lombardista fue derrotada y prácticamente expulsada del movimiento obrero
mexicano por Fidel Velázquez y sus cinco lobitos. A partir de ese momento (con
pocas y gloriosas excepciones como el movimiento ferrocarrilero de Campa y
Vallejo, el de los médicos y el del magisterio revolucionario) el gobierno cooptó
a los líderes sindicales, los sometió a “los intereses políticos de la nación”,
los privó de autonomía, de verdadera representación y fuerza entre sus bases, y
los transformó, de representantes y defensores de sus compañeros, en agentes
del gobierno y las empresas en el seno del movimiento obrero para mantenerlo
sumiso, callado y obediente, siempre al servicio de los empresarios y de la
política oficial. Había nacido el charrismo sindical.
Ahora bien, para atar al movimiento obrero al aparato
de gobierno y a los intereses empresariales con cadenas irrompibles, con lazos
tan fuertes y sólidos que resistieran cualquier tipo de prueba; para conseguir
que desempeñaran su rol de canes ovejeros que vigilaban y encausaban celosamente
al rebaño no solo con eficacia, sino incluso voluntariamente, con auténtica convicción
de que su tarea era necesaria y correcta y, por tanto, desplegaran toda su creatividad
y su capacidad de trabajo para cumplirla, el gobierno creyó necesario compartir
con ellos el poder, abrir a los líderes un espacio jugoso en el aparato de
gobierno y en el poder legislativo. De esa suerte, los “charros” pudieron
disponer de un número muy considerable de diputados y senadores, una poderosa
representación tanto en el Congreso de la Unión como en los de los estados; y
también colocar funcionarios, gobernadores y presidentes municipales a lo largo
y ancho del país. Los sindicatos no servían ya (o servían muy poco) como organizaciones
de defensa gremial; pero, en cambio, se convirtieron en un eficaz trampolín
político que atrajo a sus filas a muchos profesionales de la política, algunos
de ellos de gran capacidad y valor intelectual. El charrismo cobró así una
fuerza avasalladora que sofocó, casi de modo absoluto, cualquier amenaza de
disidencia.
Pero, al parecer, no fue suficiente. También se permitió
a las mafias sindicales manejar a su libre arbitrio las cuotas sindicales, las
plazas (remember PEMEX), los contratos colectivos, las revisiones salariales,
todas las prestaciones de la base sindical, la venta de cargos y ascensos e,
incluso, se aceptó como legítimo que el sindicato compartiera los negocios y
las utilidades de la empresa (otra vez remember PEMEX). Todo esto permitió a
los líderes amasar enormes fortunas que eran una ofensa cruel frente a los
míseros salarios de sus agremiados. Algunas de estas “conquistas sindicales”
abusivas fueron usadas para cohechar a la base y ganarse su apoyo
incondicional, por ejemplo, el manejo discrecional de los programas de vivienda
o la herencia de las plazas en el caso del magisterio. Y esto, no hay que olvidarlo,
ocurrió y ocurre no solo a ciencia y paciencia de las autoridades, sino con su
permiso y hasta con su aliento, abierto o disimulado.
Fue el férreo control y la nauseabunda descomposición
del sindicalismo oficial lo que incubó, dio banderas y dio energías y decisión a
toda disidencia sindical que, conocedora del enemigo al que se enfrentaba,
nació siempre como un movimiento radical, embravecido y dispuesto a todo para
lograr sus fines emancipatorios. La violencia del charrismo determinó la
violencia de sus opositores. Así se explican Campa y Vallejo, Othón Salazar,
Francisco Hernández Juárez (el sepulturero de “charrustio” Salgado en el
sindicato de telefonistas), y varios más. Así nació la CNTE. Sus virtudes (que
son muchas e innegables) y sus vicios y defectos (que también existen y no son
pocos) provienen de esta trayectoria del sindicalismo mexicano que hemos
resumido muy apretadamente.
Los antorchistas aprobamos con mesura la afirmación de
los titulares de SEP y SEGOB de que no se negociará la reforma educativa, compromiso
que acaba de ser ratificado desde Canadá por el presidente Peña Nieto.
Aprobación mesurada no porque creamos que la reforma oficial es inmejorable
sino porque, como ya dije, pensamos que el sindicato magisterial tampoco debe
imponer la suya al país entero. Si alguna tienen, deben canalizarla a través
del partido político que los representa (que al parecer es MORENA), ya que a ellos,
como sindicato, están impedidos legalmente para hacerlo. Pero mesurada también porque,
si el compromiso oficial se cumple, habría que preguntarse: ¿qué se está
negociando, entonces, con los líderes de la CNTE? Cualquier concesión que vaya
más allá del derecho sindical, que otorgue prerrogativas desmesuradas e
ilegales a la CNTE, no solo será errónea y dañina porque estará repitiendo los
mismos vicios y distorsiones de antaño que nos han traído a la situación
conflictiva que hoy enfrentamos; lo será también porque reforzará su capacidad
para volver a dominar totalmente la educación pública en sus áreas de
influencia, no importa que se trate ahora de una educación “reformada”. No habríamos
adelantado nada a pesar de tantos gritos y sombrerazos.
Los antorchistas pensamos que lo que urge y debe negociarse
es la vuelta del sindicalismo a sus verdaderos cauces y funciones, los mismos
que abandonó hace tiempo con las fatídicas consecuencias que ahora vemos. A los
maestros se les debe otorgar (y no solo sin regateos, sino incluso con generosidad)
todo lo que pidan y exijan como organización defensora de sus legítimos intereses
laborales: seguridad en el empleo, eliminación de exámenes mañosos e injustos
para despedirlos, mejores salarios, mejores condiciones laborales, seguro
social, medicina, vivienda, pensiones dignas y, etc., etc. Todo esto a cambio
de una pequeña pero indispensable condición: que acepten que ellos no son el
gobierno y que no pueden invadir las funciones que solo a éste competen. Sería
comenzar a devolver la libertad y la democracia al sindicalismo mexicano. México
comenzaría a caminar por el sendero correcto, que tanta falta nos hace.
