Salvaguardar la integridad y libertad de las y los diputados del Honorable Congreso del estado
de Yucatán.
Esa fue la razón por la cual, el presidente de la Mesa Directiva en turno, Diputado
Enrique Castillo Ruz, apoyado por la mayoría de sus pares, ordeno que se votaran en secreto el
año pasado, en dos sesiones distintas, iniciativas de reforma de ley tendientes a modificar
diversas disposiciones legales vigentes en el estado de Yucatán, a efectos de legislar en favor
del matrimonio igualitario.
Por medio de un puñado de arcanos papeles doblados, en los cuales, los legisladores escribieron
el sentido de su decisión, las iniciativas de reforma fueron desechadas por mayoría de quince
votos, y con ello, quedaron descartadas las posibilidades de que, en nuestro estado, las personas
del mismo sexo pudieran, con libertad, unirse en legal matrimonio.
En la lógica del constituyente permanente estatal, haciendo invisible el proceso, se dotaba de
condiciones personales a los legisladores para poder votar, sin riesgos y de espaldas a la
ciudadanía, por continuar desconociendo derechos humanos elementales a un colectivo, por su
identidad y preferencias sexuales; sin asumir los costos políticos que esto implica, mas aún, sin
someterse a la mas elemental fiscalización por parte de la ciudadanía toda.
El pasado 08 de octubre, la Suprema Corte de justicia de la nación, a propuesta de la ministra
Ana Margarita Ríos Farjat, resolvió atraer un amparo promovido por un grupo de miembros y
representantes de la comunidad LGBT+ en Yucatán, en contra de las ya referidas votaciones
secretas del congreso y sus efectos. Mismo, que se encuentra pendiente de resolución y que, de
concederse, establecería dos criterios importantes; el primero, con relación a la
autodeterminación como medio suficiente para acreditar la pertenencia a este grupo/sector de
la población, y el segundo, sobre la inconstitucionalidad de las votaciones ocultas del congreso
del estado para reformas de esta naturaleza.
De votarse en sentido positivo este amparo en revisión, los diputados locales de Yucatán, serán
obligados por mandato de la corte, a sostener de nueva cuenta la votación de las iniciativas en
materia de matrimonio igualitario, desacreditadas en su momento a escondidas. Ahora, con toda
publicidad y teniendo que hacerse responsables de su voto, pudiendo incluso, cambiar su
sentido.
No obstante lo anterior, el proceso ante la corte se encuentra en una etapa inicial, por
lo que habrá que esperar algunos meses para conocer su desenlace.
El poder elegir con conocimiento de causa a nuestros representantes, evaluar su actuar público
y fiscalizar sus actividades, son principios básicos, sin los que ninguna democracia puede
sostenerse, mas aún, tratándose de asuntos de vital importancia para nuestra sociedad, como lo
son el reconocimiento o desconocimiento de derechos humanos elementales para todos los
ciudadanos, como lo es en este caso, la posibilidad de cualquier persona de contraer legal
matrimonio y tener certeza jurídica en pareja.
Siendo que el pasado esta por alcanzar a nuestros legisladores estatales, y que la corte,
probablemente tome una postura progresista en la interpretación constitucional de su actuar
legislativo, creo que hoy, estando por debajo de la espada de Damocles, nuestros diputados se
encuentran, involuntariamente frente a la oportunidad histórica, de reconsiderar su actuar
público y poder adelantarse a la decisión de nuestro máximo tribunal constitucional,
promoviendo un paquete de reformas en el mismo sentido, acudiendo al reclamo legitimo del
progreso inevitable de los pueblos, aprobando el matrimonio igualitario en nuestro estado y
salvaguardando así, la integridad, la dignidad, la libertad y el derecho a decidir sobre la
identidad y preferencias propias de todos los yucatecos.
Víctor José López Martínez.
Socio fundador de la firma Sánchez-Labrador y López Martínez S.C.
@victorlopezm
