En el ámbito municipal de Yucatán, recientes inquietudes ciudadanas y versiones difundidas en redes sociales han generado controversia en torno al actuar de autoridades locales en el municipio de Dzemul, encabezado por el alcalde Willy Flota, reelecto en el proceso de 2024 bajo las siglas de Movimiento Ciudadano.
De acuerdo con diversas expresiones recogidas en la región —incluidas denuncias de ciudadanos, empresarios locales y observadores comunitarios—, durante la administración de Flota se han reportado presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos, procedimientos administrativos y prácticas que podrían contravenir disposiciones normativas en materia de transparencia, uso del suelo y permisos ambientales.
Entre los señalamientos más recurrentes se encuentra el supuesto condicionamiento de trámites municipales a pagos no oficiales, así como el manejo discrecional de bienes comunales, incluyendo calles y accesos a playas. Estas versiones, que no han sido oficialmente confirmadas por las autoridades judiciales competentes, han generado un clima de desconfianza en algunos sectores de la comunidad.
Asimismo, se han documentado reportes de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) y de instancias federales sobre inconsistencias administrativas por parte del Ayuntamiento, que incluirían la falta de justificación de más de 29 millones de pesos en recursos públicos.
Un aspecto que ha encendido nuevas alertas es la incorporación del abogado Ariel Omar Herrera Flores, quien fungió como asesor jurídico del Ayuntamiento de Dzemul, a la administración municipal de Telchac Puerto, encabezada por el alcalde Edmundo Alfonzo Núñez Erguera, del PRI. Diversos actores locales han expresado preocupación por lo que consideran una posible “replicación” de las dinámicas observadas en Dzemul, particularmente en el área de recaudación, permisos y gestión de bienes públicos.
Si bien no existen resoluciones judiciales firmes en contra de los funcionarios mencionados, ni acusaciones formales que deriven en responsabilidad penal, las voces ciudadanas insisten en la necesidad de que los órganos fiscalizadores, estatales y federales, verifiquen el cumplimiento de la ley y las obligaciones administrativas en ambos municipios.
En el plano regional, también se ha planteado la posibilidad de que estas estrategias busquen ampliar su influencia hacia otros municipios costeros, como Ixil, lo que podría generar tensiones entre autoridades locales y reactivar debates sobre el uso del poder municipal para fines ajenos al interés público.
Este tipo de situaciones amerita atención institucional y seguimiento riguroso. En un contexto democrático, la rendición de cuentas, la legalidad y la vigilancia ciudadana son fundamentales para asegurar que el ejercicio del poder municipal se conduzca con transparencia, ética y respeto a los marcos normativos.
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