Durante más de una década, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha mantenido una red de centros de adiestramiento en el occidente de México, donde adolescentes y jóvenes son captados para convertirse en soldados del crimen organizado.
La investigación periodística revela que los captadores emplean ofertas laborales falsas, anuncios en plataformas como TikTok y, en otros casos, recurren directamente a desapariciones violentas para reclutar. Un testimonio recoge la amenaza: “Mira mi cabrón, nosotros somos de Jalisco Nueva Generación… Tú vas para la escuela de sicarios, así que súbete. Si no, voy a regresar y voy a levantarte. A huevo te voy a llevar, y a toda tu familia la voy a matar”.
Los datos obtenidos por la investigación indican que al menos 12 centros de adiestramiento y 17 campamentos fueron descubiertos entre 2011 y 2025 en 21 municipios de los estados de Jalisco, Aguascalientes, Michoacán y Zacatecas. La región de los Valles de Jalisco —especialmente los municipios de Teuchitlán y Tala— concentra la mitad de los centros localizados.
La dinámica de captación comienza con una promesa llamativa: “Paga entre 8 mil a 10 mil (400‑500 US$) semanal, el adiestramiento dura 2 meses con vivienda y armamento. Exmilitares o soldados ganan entre 10 mil y 15 mil (500‑750 US$) semanal”. En contraste, el salario promedio en Jalisco ronda los 14 479 pesos al mes.
Una de las rutas de captación más frecuentes consiste en ofertas de “albañil, guardia de seguridad y en la producción agrícola”, redes sociales y juntas en las centrales camioneras. Una víctima relata: “Al entrar miré que en la casa había como siete personas, todos hombres y menores de 18 años… Al día siguiente llegaron 17 más.”
El tránsito hacia esos centros implica traslado desde la Nueva Central de Autobuses de Guadalajara hacia Puerto Vallarta, seguido de estancia en casas de seguridad y, finalmente, entrenamiento en campamentos serranos. En estos últimos se imparten técnicas de camuflaje, supervivencia y manejo de armas: “Dormían debajo de ramas para evitar ser detectados por helicópteros entre las montañas. Trataban de no prender fuego ni dejar rastro alguno. Podían pasar semanas en el cerro”.
El comportamiento de los reclutados varía: algunos son entrenados para la vigilancia (“halconeo”), otros para el armado de explosivos o la operación de drogas. Pero la elección que se les impone es clara: delinquir o morir. Entre 2018 y 2025, al menos 111 personas fueron detenidas por delitos federales tras haber sido desaparecidas con anterioridad en esta modalidad.
En el ámbito institucional, aunque las autoridades de Jalisco tenían conocimiento de la existencia de estas redes desde 2017, no se registraron operativos para desmantelar los centros entre 2018 y septiembre de 2024. Un investigador expresó: “La pregunta que nos hacemos es por qué no ha habido más operativos para liberar gente. El Rancho Izaguirre lo que nos muestra es que se les dejó operar”.
Asimismo, se identificó que servidores públicos fueron presuntamente cómplices de estos esquemas. Por ejemplo, el presidente municipal de Teuchitlán está vinculado a proceso por delincuencia organizada por facilitar la operación del CJNG en su territorio.
En conclusión, la investigación expone un sistema de reclutamiento forzado del crimen organizado que opera bajo una lógica de engaño, violencia y control territorial durante más de una década en el occidente de México. La coincidencia entre la oferta atractiva, la vulnerabilidad juvenil y la impunidad institucional crea un terreno fértil para el funcionamiento de esta maquinaria criminal.
