El estado de Washington demandó al gobierno del presidente Donald Trump por el decreto que prohíbe la entrada al país de ciudadanos que provienen de siete países de mayoría musulmana, al considerarlo inconstitucional e ilegal.
El fiscal general del estado, Bob Ferguson, anunció el lunes la medida judicial, siendo el primer fiscal de un estado en desafiar judicialmente la orden ejecutiva que ha desatado protestas en todo Estados Unidos. “Nadie está encima de la ley, ni siquiera el presidente”, indicó Ferguson en una rueda de prensa. “Y en una corte no es la voz más alta la que prevalece, sino la Constitución”, añadió.
El recurso, el primero de su tipo, es contra Trump, el departamento de Seguridad Interna y otros altos funcionarios del Gobierno, y pide que las cláusulas claves de la orden ejecutiva sean declaradas ilegales e inconstitucionales.
Ferguson es uno de 16 fiscales generales de estados que el domingo emitieron un comunicado calificando el decreto de Trump como “antiestadounidense”.
El fiscal resaltó que el personal estuvo trabajando “todo el fin de semana para redactar la medida judicial”. En la conferencia estuvo acompañado por el gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, quien agregó: “Ésta es una medida antiestadounidense, es inapropiada y no prosperará. La intención de esta orden ejecutiva es clara: de discriminar contra una religión entre todos los hijos de Dios”.
