Por: Eduardo Ruiz-Healy.
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Sitio: ruizhealytimes.com
Signos Vitales es una ONG que entre sus principales
objetivos está “la recolección de información fidedigna e independiente sobre
las variables claves de nuestra vida económica, política y sociocultural para
diagnosticar, con un buen grado de certeza, el estado en que se encuentra el
país”.
Hace unos días difundió su reporte titulado “El Estado
Mexicano a Revisión”, el cual presenta “un análisis detallado sobre los
distintos poderes públicos y sociales”, examina el papel desempeñado por los
poderes ejecutivo, legislativo y judicial y evalúa a los partidos políticos,
órganos constitucionalmente autónomos (OCA) y la sociedad civil organizada.
Puede leerse en signosvitalesmexico.org.mx
En el resumen ejecutivo de dicho reporte, se llega a
una conclusión alarmante: la fuerte concentración de poder en manos del
ejecutivo federal, que parecía haberse “revertido en décadas anteriores”,
aunado a la ineficiencia en la procuración de justicia, pone en peligro nuestro
sistema democrático de contrapesos. Además, la nueva mayoría en el Congreso,
conformada por MORENA y sus aliados, “le ha restado autonomía y capacidad
representativa”, debilitando su función de control y representación. Nos
encontramos “ante una subordinación casi total del grupo parlamentario
mayoritario frente al presidente de la república”, y desde 2021 los grupos
opositores han dedicado sus esfuerzos “a bloquear las iniciativas
constitucionales” presentadas por AMLO.
El informe también aborda la desconfianza ciudadana
hacia los partidos políticos, que se perciben como “poco representativos y
corruptos”. Resulta preocupante que, a pesar de contar con un marco legal que
“los fortalece como institutos políticos de interés público y les otorga
enormes prerrogativas mediante recursos presupuestales públicos y acceso a
medios de comunicación”, sigan manteniendo niveles mínimos de confianza.
Cuando se analiza el Poder Judicial, el reporte no
escatima críticas y señala que éste “ha dejado un déficit de eficiencia y
confianza casi total. En el laberinto de la justicia, no son solo los jueces,
magistrados y ministros quienes tienen responsabilidad por los enormes niveles
de impunidad. Está claro que las fiscalías y ministerios públicos juegan un
papel crucial en la lucha contra la delincuencia y la impunidad, pero no se
puede deslindar de la responsabilidad a los impartidores de justicia. Toda la
cadena de procuración, administración y aplicación de justicia ha mantenido
niveles de impunidad cercanos al cien por ciento, sin importar qué partido o
persona gobierne el país”.
Este reporte revela la cruda realidad del Estado
Mexicano. La concentración de poder, la ineficiencia en la justicia y la
desconfianza hacia los partidos políticos son solo algunos de los problemas que
enfrentamos como sociedad. Es fundamental que los ciudadanos y las instituciones
reflexionemos sobre estos hallazgos y busquemos soluciones concretas para
fortalecer nuestra democracia y garantizar un sistema de justicia eficiente y
confiable.
Para lograrlo necesitamos líderes comprometidos y
ciudadanos activos que exijan cambios reales.
¿Qué opinan sobre esto las cuatro corcholatas de AMLO
que actualmente recorren al país? ¿Qué proponen para mejorar tan crítica
situación?
