La promesa básica hecha por Jaime Rodríguez Calderon, “El Bronco”, para llegar a la gubernatura de Nuevo León fue llevar a la cárcel al hoy exgobernador Rodrigo Medina por corrupto. Por más de un año la Fiscalía Anticorrupción del estado de Nuevo León estuvo documentando las demandas que presentaría en contra de Medina y lo acusó de ejercicio indebido de funciones, peculado y daño patrimonial.
Para que Rodrigo Medina pisara el juzgado pasó más de un año. Se declaró inocente y el juez Jaime Garza Castañeda, que lleva su caso, solo lo vinculó con el ejercicio indebido de funciones por considerar que las otras dos causas están insuficientemente documentadas.
El fiscal del estado, Ernesto Canales, insistió en que hay elementos que permiten vincular por peculado y daño patrimonial al exgobernador Medina por lo que recabarán más pruebas para apelar la decisión y que el juez cambie el criterio.
La Fiscalía Anticorrupción está en proceso de preparación de más de 200 denuncias de las que casi la mitad, involucran al exgobernador Medina.
Por lo pronto ya fue vinculado por el juez Garza Castañeda al atender la demanda de la autoridad que señala que existe un quebranto en las finanzas del estado por tres mil 683 millones 504 mil 568 pesos, al ofrecer el gobierno de Rodrigo Medina incentivos y apoyos a la empresa armadora de automóviles KIA, sin que esta los solicitara.
“La Fiscalía ha señalado que el caso de KIA no es el único que se está investigando en relación a Rodrigo Medina como gobernador. Son otros casos igualmente importantes, significativos en su contenido económico, como es Monterrey VI, Metrorrey, Ecovía y el sistema de autopistas”. Que se presentarán en los próximos tres meses.
El exgobernador Rodrigo Medina afirma que tiene la conciencia tranquila porque no ha cometido ningún delito, “esto apenas está comenzando, la verdad saldrá a relucir”. Sus abogados son el exprocurador de justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar y el penalista Alfonso Aguilar Zínzer.
La Fiscalía Anticorrupción argumenta que para el estado existe un quebranto de más de tres mil 600 millones de pesos por exención de impuestos, subsidios a favor de KIA, terrenos comprados por el Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola, que fueron donados a KIA y demás.
Por su parte el abogado defensor, Alfonso Aguilar Zínzer, expresó que el exgobernador Medina no firmó el contrato con KIA en 2014, solo lo hizo “como testigo honorario, no es suscriptor, y no genera responsabilidad”, para Rodrigo Medina por lo que no tiene valor probatorio.
Respecto de la imputación sobre peculado Aguilar Zínzer señaló que Medina “no pidió (a sus subalternos) que se cometiera un delito, había un proyecto (instalar la armadora) que se tenía que ejecutar”, por tanto, dijo el abogado, no se le puede vincular a proceso y comentó que entonces ningún gobernador va a poder ordenar nada, porque si alguno de sus colaboradores comete alguna irregularidad, lo van a vincular.
En relación a la acusación de ejercicio indebido por ofrecer incentivos señaló el abogado que aunque los hubiera ofrecido, el Congreso local es el único que puede aprobarlos.
Por más de un año los ciudadanos de Nuevo León esperaron para ver que Rodrigo Medina fuera presentado ante un juez para que explicara los beneficios que su gobierno le otorgó a la empresa KIA. El gobernador Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco, cumplió su compromiso y hasta ahí, por el momento, las expectativas se cumplieron, lo que falta es dejar satisfechos a quienes desean que el exgobernador entre a la cárcel aunque el único delito que se le vinculó tiene una pena de dos a doce años de prisión.
Los argumentos presentados por la defensa de Rodrigo Medina parecen estar desmantelando las afirmaciones y pruebas presentadas por la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León, de lograrlo se habrá demostrado que “darle vuelta” a la ley es cosa de interpretación y la forma en el juzgado vale tanto como el fondo.
Nadie dijo que el combate a la corrupción es fácil y tampoco que los corruptos sean tontos, mucho menos los de cuello blanco, que tienen recursos de sobra para contratar a los abogados que conocen y saben interpretar las leyes, según sea conveniente para su cliente.
La sociedad exige combatir la corrupción y por eso los candidatos que prometen esta lucha están conquistando el poder. Nada garantiza que los corruptos lleguen a prisión porque a ellos la ley también los protege. Para ellos acceder a la impunidad es cosa de tener recursos para evadir la justicia, tendrán que rendir cuentas en el juzgado cuando deberían de haberlo hecho cuando gobernaban. Este episodio y los de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua demuestran que es urgente hacer realidad la transparencia y la fiscalía social. Cuando acusan a los corruptos no los acusan de tontos.
