Por:Luis Carlos Ugalde
Es inédito el ritmo de la transición. En
apenas dos semanas hemos visto a un candidato ganador que actúa ya como
presidente electo. El ritmo es positivo porque muestra un gobierno futuro con
capacidad de decisión que cumple sus promesas de campaña. Es malo porque muchas
promesas son malas políticas públicas y porque la celeridad puede conducir a la
equivocación y al error.
Positivo que se haya convocado a un
dialogo para pacificar al país con múltiples foros y la confluencia de
gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil. Positivo que se hayan
dado a conocer medidas de austeridad —no todas pero muchas mandan una señal de
orden y mesura para reconstruir la menguada desconfianza en los gobiernos.
También ha sido bien recibida la ortodoxia en el manejo de la macroeconomía que
ha llevado a una apreciación del tipo de cambio. Muchos nombramientos del
gabinete han sido vistos de forma positiva por la experiencia y mesura de sus
titulares; no obstante, llama la atención que muchos candidatos ganadores para
el Congreso hayan sido nombrados para cargos ejecutivos cuando su lugar en el
poder legislativo era muy relevante.
Sin embargo, el ritmo acelerado es caldo
de cultivo para las ocurrencias que podrían convertirse en fracasos
estrepitosos del nuevo gobierno. Por ejemplo, aumentar la dotación de las transferencias
a personas de la tercera edad es factible y una señal de reivindicación social
correcta; pero la propuesta de darle una beca a casi tres millones de jóvenes
carece de una pista de aterrizaje que la haga viable y benéfica. ¿Quién
seleccionará a los jóvenes? ¿Cómo se comprobará que estos realmente trabajan en
las empresas que lo reportan? ¿Cómo evaluar su aprendizaje? ¿Cómo evitar el
abuso de empresas que vivan de transferencias del gobierno y que inventen
padrones falsos de jóvenes trabajadores?
El costo de estas becas podría ascender
hasta 110 mil millones de pesos. López Obrador ha dicho que se trata de un
programa que se basará en la buena fe. Varios organismos empresariales han
dicho que participarán, pero la naturaleza humana no parece ser una buena
aliada para que el programa sea exitoso. Podrá tenerse la buena fe, pero si no
hay un mecanismo con el que se pueda seguir cada peso gastado en esas becas,
aumentarán los espacios para la corrupción o el despilfarro. Y esto no responde
la pregunta de si el apoyo será suficiente para mantener a los jóvenes lejos de
las filas del crimen organizado.
Otra propuesta que podría traer muchos
perjuicios y conflictos es la descentralización de las secretarías de Estado.
En un principio, su costo podría superar los 130 mil millones de pesos, a pesar
de que el presidente electo hace gala de una política presupuestaria que
pretende la austeridad. Este costo podría multiplicarse si se toman en cuenta los
laudos laborales. Los primeros grupos afectados serán los burócratas y
sindicatos, quienes previsiblemente protestarán ya sea, en contra de la medida,
o a favor de recibir cuantiosos beneficios por apoyarla. Existe el precedente
de un organismo que fue trasladado a otra entidad federativa: el INEGI. Después
de que sus instalaciones en el entonces Distrito Federal se derrumbaron con el
terremoto de 1985, el gobierno decidió trasladar esta organización y ocurrió
exitosamente. Sin embargo, el tamaño del INEGI es mucho menor que el de una
secretaría como la de Educación Pública o del IMSS.
La tercera propuesta dislocada es la de
reducir los salarios de los altos mandos de la administración pública federal. AMLO
promete que se reducirán todos los sueldos de aquellos que ganen más de un
millón de pesos anuales. Quizá, de entrada, esto parezca razonable, pero podría
derivar en una desprofesionalización del servicio público y borrar la memoria
institucional de décadas de experiencia de gobierno.
La última iniciativa que me preocupa es
la de sustituir a los delegados federales por un coordinador por cada entidad
federativa. Actualmente los delegados sirven para vincular a los gobiernos
estatales con cada instancia del gobierno federal; por ejemplo, con la
Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Nacional del Agua o la Federal de
Electricidad. Es cierto que hay excesos y que en algunas entidades puede haber
hasta 50 delegados con miles de personas trabajando en oficinas sin hacer nada
productivo. Pero sustituir esta estructura inútil con un super coordinador con perfil político que aspira a gobernar la
entidad puede simplemente crear conflictos políticos y erosionar la eficacia de
los gobernadores. Si se quieren reducir costos, la medida es positiva, pero
entonces lo conducente sería nombrar a un coordinador sin perfil político ni
aspiraciones locales que pueda ser un mediador neutral —alguien de otra entidad
que pueda ser un gestor eficaz para que los proyectos federales se ejecuten en
las entidades respectivas.
¿Y
los privilegios de los partidos políticos y los sindicatos?
Lopez Obrador anunció 50 medidas de
austeridad pero no mencionó nada de las prerrogativas de los partidos
políticos. En 2019 Morena recibirá más de 1,500 millones de pesos tan solo de
financiamiento federal por actividades ordinarias; faltan los cientos de
millones que recibirá como partido con registro estatal. Asimismo, los
sindicatos siguen siendo mares de opulencia y despilfarro. Y de estos actores
López Obrador no ha dicho nada.
Si la austeridad ha de ser la norma para
dignificar la política que lo sea, pero que no haya cotos de privilegio. En
esta lucha por la austeridad, los partidos deben poner el ejemplo.
