Editorial La Revista Peninsular
El Instituto Electoral Nacional (INE) está bajo los
reflectores pues parece que se dio disparo en el pie luego de que se dieran a
conocer los resultados de una encuesta que realizó en septiembre de este
año.
Los resultados de dicho ejercicio arrojaron que el 78%
de los encuestados están a favor de que los consejeros y magistrados
electorales sean elegidos mediante voto popular. Esta postura coincide con la
reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la
cual ha sido rechazada por la autoridad electoral, la oposición y el sector
privado, entre otros.
Ahora bien, ¿es correcto asumir que la mayoría de los
mexicanos están a favor de que las autoridades electorales sean elegidas
mediante voto popular?
Es importante entender que las encuestas no son más
que fotografías de las opiniones de un grupo de gente en un lugar y tiempo
determinado; en este caso, las 400 personas encuestadas en septiembre. Esto
significa que los resultados difícilmente reflejan la realidad actual pues el
debate de la reforma electoral ha adquirido mayor notoriedad y las personas
cuentan con más información que antes, como explicó el consejero presidente
Lorenzo Córdova.
Además de reflexionar sobre si los resultados de la
encuesta son vigentes, también es prudente cuestionar si la elección de
consejeros y magistrados electorales mediante voto popular es beneficioso para
nuestro sistema democrático. A simple vista podría parecer que sí representa
beneficios para la población pues da poder directo a los ciudadanos para elegir
a quiénes ocuparán estos cargos, pero la realidad no es así.
La elección directa trae consigo la competencia
electoral, pues quienes aspiren a ser autoridades deberán competir entre sí
para convencer a la gente y obtener votos. Esto implica gastos y la necesidad
de un árbitro para organizar la contienda, a menos que se definiera que el INE
sería el árbitro de su propio proceso. La competencia también haría que quienes
fuesen elegidos no puedan actuar con imparcialidad ya que el sentido de sus decisiones
estaría condicionado por los partidos o sectores que los apoyaron.
De igual manera, los sistemas democráticos modernos
requieren de instituciones especializadas para su funcionamiento lo cual hace
necesario que existan procesos para garantizar que quienes trabajan en ellas
tengan los perfiles adecuados. Elegir a autoridades electorales mediante voto
popular significaría no poder asegurar que estas tareas tan importantes para
nuestra democracia sean realizadas por personas capaces.
Lo anterior no significa una postura antidemocrática;
por el contrario, es una postura para hacer que la democracia funcione.
Actualmente, quienes aspiran a ser magistrados o consejeros electorales son
elegidos por los legisladores federales tras inscribirse a una convocatoria
pública. Entonces, los ciudadanos si eligen a sus autoridades electorales,
aunque no de manera directa, ya que los diputados y senadores son sus
representantes en las Cámaras legislativas.
