Claroscuro, por: Francisco López Vargas
Jesús Zambrano, Marco Cortez y Alejandro Moreno, presidentes del PRD, PAN y PRI presentaron esta semana en Washington documentos que acreditan la participación del narco en los comicios de junio pasado.
La intervención del narcotráfico en el poder público no es algo que sea nuevo ni de este siglo, pero si algo llama la atención es que esta vez no sólo impusieron a los candidatos sino que amedrentaron a los que veían como favoritos y hasta se metieron a las casillas ya sea para robárselas o para amenazar a los funcionarios e incluso para tirar restos humanos y hasta una cabeza para amedrentar a los electores.
La semana ha sido pródiga en ejemplos de la manipulación legal contra los adversarios del presidente y su proyecto político: hicieron pública la denuncia contra Ricardo Anaya, y contra Carlos Treviño, ex director de Pemex, que se sumaron a los que ya están en prisión como Rosario Robles, Jorge Lavalle y otros como el gobernador de Tamaulipas Francisco Cabeza de Vaca o Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía en el gobierno de Peña Nieto.
Por si fuera poco, se anunció que van en contra de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray precisamente por las declaraciones en su contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, cuyas declaraciones parecen un menú a la carta con todos los personajes contra los que este gobierno pretende actuar.
Si usted se pregunta si el presidente, ese señor que dice que en su gobierno hay combate a la corrupción y por ello justifica el hostigamiento y persecución contra sus adversarios, los que están muy campantes y no hay viso de investigación, menos de cárcel son Pío, Ramiro y Martín López Obrador, Felipa Obrador, Manuel Bartlett, Irma Eréndira Sandoval y menos que a ninguno Ovidio Guzmán, conocido como “El Chapito”, hijo del Chapo Guzmán.
Los líderes del llamado bloque opositor también visitaron la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para asentar la persecución política a la que el régimen ha sometido a sus adversarios, pero también a los medios de comunicación y hasta organizaciones de la sociedad civiles que hoy son considerados adversarios.
Mientras eso sucedía en Campeche inició este miércoles el recuento de las casillas electorales instaladas en los 21 distritos locales debido a que la diferencia de votos entre los candidatos ha sido mínima y que los votos nulos sobrepasan esa diferencia. Al no llegar al uno por ciento la diferencia electoral entre el primero y el segundo lugar, el tribunal argumentó la necesidad de certeza en los comicios por lo que se tendrán que volver a contar a partir del miércoles 25 de junio. El resultado debería conocer este viernes, cuando este ejemplar ya esté en circulación.
Y en Yucatán, la polémica por el asesinato del joven veracruzano Ravelo Echeverría siguió escalando y ahora el semanario Proceso publica un reportaje en el que exhibe a los 22 detenidos por la policía estatal que han sido encontrados muertos luego de ser sometidos por elementos de la policía estatal.
La manipulación política del caso, que quisieron endilgarlo a la autoridad municipal de esta capital, tomó un nuevo lindero al no entenderse por qué si el 24 de julio, más de una semana antes del deceso del joven, se presentó la denuncia contra los policías y se dio nombres, placas y números de vehículo no se inició la investigación, considerando que había señalado a los miembros de la fuerza pública y se procedió a suspenderlos y someterlos a la averiguación que debió iniciarse de inmediato.
La lentitud de respuesta a la denuncia pareciera decir que se paró el expediente por involucrar a policías y se reactivó e inició a la muerte del joven y a la denuncia en medios de su madre. El tema es muy delicado porque no sólo involucra a la corporación policiaca sino también exhibiría la negligencia en el trato al paciente en el Hospital O´Horán.
Hasta hoy, sigue la Fiscalía anunciando que se inconformará con la liberación de los cuatro policías municipales que fueron detenidos y dejados en libertad porque no se les encontró responsabilidad en la muerte del muchacho.
Por fortuna, queremos pensar, nadie vio en la muerte del joven ni en la inculpación de los policías municipales la oportunidad para golpear al alcalde Renán Barrera Concha y negarle por ello ser el candidato a la gubernatura en los comicios de 2024.
La fiscalía ojalá actúe a la brevedad posible porque está en duda si la entidad es la más segura del país luego de exhibir a los policías como abusadores y asesinos, si las inversiones tienen razón en pensar y considerar a Yucatán como un sitio ideal por su seguridad, para la inversión y como polo de atracción y generación de empleo en el sureste mexicano.
La fiscalía debe actuar rápido si no quiere que este escándalo baje de los primeros sitios de popularidad a un gobernador que pidió prestado para invertir en capacitación y equipamiento para la policía estatal 2 mil 800 millones de pesos.
Ojalá el tiempo no siga pasando.
