Claroscuro, por:
Francisco López Vargas
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) jamás ha sido una empresa de clase mundial.
El costo de la electricidad que todos recibimos en casa es, por mucho, un exceso: en agosto pasado, según cifras de la Comisión Reguladora de Energía, producirla por CFE valió unitariamente por megavatio-hora (MWh) $1,687. En contraparte, quienes la generan de manera independiente lo hacen por $861. En el mercado de futuros, la energía eólica y solar cuesta $377 MWh.
Para CFE es imposible competir con esos precios y precisamente por ello lo más práctico, según la visión del presidente, es declarar bien patrimonial básico del país y restringir su producción, pero sobre todo la comercialización, sólo al Estado.
El poder que tendrá la CFE, según lo que dice la propuesta de reforma, es que hasta la Secretaría de Hacienda se desentenderá de la paraestatal y será ella misma la que defina precios, subsidios y demás temas económicos. A quién le vende, a quien le da obra, también sería facultad absoluta.
La CFE se convertirá en el cochinito del gobierno porque pocas casas del país carecen de energía eléctrica pero el defensor de los pobres, el que decía que ellos primero, está atentando contra quienes viven en zonas donde aún no llega la energía eléctrica al dejarlos sin la posibilidad de usar paneles solares o generadores de viento para satisfacer esa necesidad.
Nadie podrá producir energía y la CFE será la única que pueda comprarla para revenderla al precio que su director decida.
Además, la CFE se convertirá en la rectora del sector y absorberá la plenitud de la contratación hasta de empresarios para que construyan las plantas para CFE de acuerdo con el programa y los proyectos de la empresa que se convertirá en un monopolio con todas las ventajas legales, de aprobarse la reforma.
Un auténtico monopolio pagado con nuestros impuestos que nos cobra, otra vez, por la energía que nos vende y que produjo con el dinero de la misma gente. Vaya esquema: no invierte ni arriesga porque tiene cautivo a todo el país que paga no sólo para construir las generadoras sino también por usar lo que de ahí sale.
En los hechos, de lo que se habla es de la nacionalización de la industria eléctrica y la expropiación de todos los generadores de electricidad porque el Estado, la CFE, será la única que venda el fluido.
Con ello se eliminan hasta los permisos de los paneles solares familiares y más los de las empresas que generan su propia electricidad. Nadie, menos el ciudadano común, podrá generar su propia energía eléctrica aunque la secretaria Rocío Nahle dijo que es mentira esa opción, lo cierto es que está muy clara en la pretendida reforma.
En los hechos, la iniciativa privada sólo podrá participar con el 46 por ciento del mercado, pero vendiéndole su energía a CFE que será quien la cobre al usuario final y decida a quien comprar o darle permiso para construir sus plantas. La corrupción en absoluto en un gobierno que no da cuentas, que no le gusta la transparencia y menos la rendición que implica las reglas y normas de operación.
Desaparecerán las sociedades de autoabasto y los permisos para la generación privada que le vendía a CFE y, por si fuera poco, desaparecerán las subsidiarias de la empresa.
La regresión que se pretende es de escándalo porque es una expropiación implícita de activos que lo mismo podrían incluir los paneles solares domiciliarios hasta las plantas generadoras en las que se invirtieron cientos de millones de dólares. Además, se desaparecen en la misma reforma, los órganos de control petrolero y con ello se desconocen todos los contratos firmados con antelación lo que representa una violación constitucional porque ni una ley puede ser retroactiva.
Con esta visión, queda claro que el presidente sigue pensando en el México de los años 70´s y 80´s sin considerar que el país ya cambió y no lo hizo precisamente a la misma velocidad del mundo.
El entramado jurídico propuesto es la construcción de un monopolio y que con el paso del tiempo tenga la capacidad para generar toda la energía eléctrica que se consuma en el país al precio que ellos digan, den subsidio a quien designen sin que haya una autoridad que los controle. Así, podrían, otra vez, condonarles 15 mil millones de pesos en deuda a los tabasqueños, que se declararon en rebeldía desde que López Obrador fue líder y aspirante a la gubernatura.
Lo que no se prevé es el escándalo internacional porque la propuesta no sólo no considera las violaciones a los acuerdos internacionales ni tampoco las faltas por el incumplimiento con las normas de los tratados comerciales ni la ruptura de los contratos ya suscritos. Además, muchas empresas asentadas en México con inversión extranjera la verán como un despojo y el cambio de las reglas con las que se asentaron en el país. La reforma abre la puerta a demandas estado-estado porque se violentan reglas establecidas acordadas y firmadas por gobiernos de países con acuerdos comerciales.
En realidad, el documento no considera el pago de indemnizaciones por la expropiaciones por lo que los conflictos, de aprobarse, estarían a la orden del día.
La oposición en pleno, con la excepción del PRI anunciaron que irán contra la iniciativa mientras el tricolor está impedido para suscribirla porque sus estatutos, modificados en la XXI Asamblea nacional y ratificados en la XXII, le impiden respaldar intentos de proteccionismo económico y les ordenan impulsar la apertura del mercado energético así como fomentar las energías limpias.
El Plan de Acción del PRI dice que los priístas deberán velar por “ampliar la disponibilidad de fuentes de energía para el mercado mexicano, preferentemente de fuentes limpias. Todas las industrias utilizan algún tipo de energía como insumo y, por tanto, en la medida en la que hay más energía disponible y a menor costo, quienes la utilizan podrán crecer mucho más rápido”
En el punto 33, el Plan de Acción tricolor señala: “la energía asequible y no contaminante es fundamental para construir ciudades y comunidades sostenibles en las que haya industria, innovación e infraestructura”.
Sin embargo, mientras, Alejandro Moreno habla de abrir la discusión y preguntarle a los expertos haciendo crujir la Alianza Opositora y acreditando que hoy una decisión de él y su partido podría ser decisiva en el futuro del país.
La reforma no considera un punto fundamental, aunque se subsidie el precio de la energía eléctrica, el pago siempre será con dinero del contribuyente, no sólo para construir sino también por consumo: en los hechos, es ordeñar al pueblo.
