Editorial La Revista Peninsular
Ante el pronto regreso de los legisladores a las Cámaras y la inminente aprobación del Plan B electoral del presidente López Obrador, autoridades electorales y líderes de oposición han emprendido acciones para buscar revertir los efectos que tendrá esta controversial reforma.
El Consejo General de Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad tomar todas las acciones legales posibles en contra del Plan B cuando sea aprobado. De acuerdo a los consejeros, este conjunto de reformas representan un retroceso democrático, mutilaciones a la autoridad electoral y pone en riesgo las elecciones del 2024 pues afecta la equidad de la contienda y permite la intervención de servidores públicos; esto dará como consecuencia que exista una incertidumbre en los resultados.
El titular del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que la reforma vulnerará los derechos político-electorales de la ciudadanía. En su intervención ante los demás consejeros, compartió que le preocupaba la eliminación del servicio profesional electoral, el recorte de tiempo de capacitación para organizadores y las nuevas reglas de uso de espacios de comunicación pues se vulnera el principio de imparcialidad en uso de recursos públicos. Igual sostuvo que nadie ha dicho que las normas electorales no pueden ser perfectibles, pero no se deben ignorar los derechos que se han adquirido con luchas históricas y que hoy permiten estabilidad en el país.
Córdova también explicó que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien tendrá la responsabilidad de salvar la democracia y estabilidad política del país.
Todos los consejeros electorales coincidieron en que las reformas estaban hechas para beneficiar al poder Ejecutivo y significaban un retroceso en la democracia mexicana. El consejero Uc-kib Espadas dijo que esta reforma fue una oportunidad perdida pues, en vez de usarse para reformar puntos necesarios en el instituto, se utilizó para dar un golpe legislativo y mutilar al INE.
El INE no fue el único en externar su rechazo al Plan B. Los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD en San Lázaro presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN en contra de las reformas electorales pues consideran que alteran el principio de neutralidad en contiendas electorales, vulneran la legalidad y atentan contra la Constitución. Esta es la cuarta impugnación proveniente de la oposición pues antes los dirigentes de estos partidos habían presentado por separado quejas ante la autoridad correspondiente.
En concreto, lo que los tres partidos señalan en la acción de inconstitucionalidad es que la reforma viola la veda legislativa pues promulga leyes sin respetar los 90 días previos a elecciones, en este caso, Estado de México y Coahuila. De igual manera, se quejan de que no se cumplió el proceso legislativo pues Morena no dio oportunidad de analizar los contenidos antes de la aprobación. Finalmente, reprochan que se valide el uso discrecional de recursos públicos para intervenir en elecciones con propaganda.
Si bien, el Plan B aún no es aprobado en su totalidad, es un hecho que lo será en unos días cuando retomen labores los senadores pues sólo se requiere la mayoría simple (50% + 1) y Morena cuenta con ella. De hecho, Ricardo Monreal ya anunció que este será el primer tema que toquen los senadores al inicio del período.
Los próximos meses serán muy complicados en lo referente a la vida electoral del país ya que la aprobación de las reformas y las impugnaciones traerán incertidumbre a nuestra esfera política. Esperemos que la SCJN analice y decida sobre estos temas con suma neutralidad y siempre respetando los derechos humanos de todos los mexicanos y mexicanas.
