Facetas de México, por: Pascacio Taboada Cortina/Jorge Martínez Cedillo.
El presupuesto federal para 2023, presentado ante el
pleno de la Cámara de Diputados por el secretario de Hacienda y Crédito
Público, Rogelio Ramírez de la O, dio la impresión de que se refiere a una
economía boyante, lo cual contrasta con la realidad. Los próximos dos años de
gobierno de Andrés Manuel López Obrador, serán de sacrificio para el grueso de
la población mexicana; es decir, de la clase social más desprotegida, a la
cual, lejos de crear las condiciones para valerse por sí misma, la convirtió en
dependiente.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
(PPEF) para el 2023, está en manos del Congreso de la Unión. Los legisladores
decidirán si lo deben corregir o rechazar o aceptarlo tal cual, que es lo más
probable que suceda, porque hay que recordar que Morena, es mayoría en la
Cámara de Diputados.
El PPEF es un documento que establece lo que planea
gastar el gobierno federal en 2023. El ejercicio del dinero fiscal por parte
del gobierno, asciende a 8.3 billones de pesos. Lo que se planea hacer con este
monto extraordinario, sería un sinnúmero de proyectos para beneficio de la
sociedad mexicana, pero si intentamos desmenuzar las actividades fundamentales
que ya vienen de tiempo atrás con gastos millonarios, veremos que es
relativamente poco lo que se hará.
Hay en el gobierno federal una serie de gastos
catalogados como directos, donde se tiene que invertir el dinero en poder del
gobierno, que son recursos de todos los mexicanos, les guste o no a la
administración federal y también a los legisladores.
De entrada, del gran total de 8.3 billones de pesos,
hay que restar 2.3 billones de pesos, que se tienen que otorgar a los Estados y
Municipios, en el contexto de lo que se llama la Federación y donde el gobierno
federal está obligado a participar y aportar recursos de la recaudación
nacional.
Restarían 6 billones de pesos, de los cuales es
necesario tomar un billón de pesos para el pago de intereses derivados de la
deuda interna y externa que tiene el país.
En el caso de las pensiones correspondientes al IMSS,
el ISSSTE, y también las cargas no contributivas, dentro de las cuales están
las pensiones para adultos mayores, los programas de “Sembrando Vida”, “Jóvenes
Construyendo el Futuro” y otras, erogará el gobierno 1.7 billones de pesos.
Tendríamos que considerar, del presupuesto general,
solamente 3.3 billones de pesos, los cuales se podrán asignar a diferentes
rubros de manera relativamente libre. Por ejemplo, es necesario pagar la
educación pública, los servicios de salud, tan importantes para México entero;
pagar los servicios de seguridad pública, la nómina del Ejército, de la
Secretaría de Marina, la nómina de la Guardia Nacional, y de todos los
empleados y funcionarios públicos que trabajan en la administración pública.
Estos mecanismos de cómo administrar los recursos
públicos, son realmente complicados. Hay que pensar detalladamente en los
orígenes de la captación de recursos para hacer frente a las obligaciones de
gasto público. Para ello, es necesario pensar y suponer que el país,
económicamente, crecerá mucho. El gobierno cree que sería a un ritmo del 3 por
ciento anual, considerado un índice bajo, pues en gobiernos anteriores el
crecimiento promedio fue de entre 4 y 5 por ciento anual del PIB. Si no se
crece mucho, será imposible captar dinero fiscal.
La mayor parte de analistas económicos, de instituciones
financieras y conocedores de los índices de crecimiento de todos los países del
mundo, creen que México no logrará captar el equivalente en recursos fiscales,
ni siquiera para el gasto programado. El presupuesto para 2023 es muy alto,
pero, el gobierno, hará uso de su “derecho” de aplicar recortes desde mediados
de año, como lo ha practicado en los últimos cuatro años.
El pronóstico de crecimiento económico para México, de
acuerdo con instituciones gubernamentales, se estiman en 4 por ciento del Producto
Interno Bruto, mientras que analistas económicos independientes y de algunas
instituciones financieras, lo estiman en 1.3 por ciento. Posiblemente este sea
el mejor indicador, toda vez que, si se toma en cuenta el decremento de 8.5 por
ciento en el segundo año de este gobierno, aún no se compensa el déficit
provocado, ciertamente, por la pandemia de Covid-19, pero también por la
tardanza en los esquemas de vacunación para contrarrestar al virus. La razón de
esto, fue la falta de gobernanza en manos de inexpertos y de estrategias de
cobertura nacional.
Por razones que el gobierno de López Obrador no ha
justificado, el proceso inflacionario que padece México ha llegado a índices
que la población de escasos y medios ingresos, no aguanta más.
Esto obligó al presidente a establecer un acuerdo con
empresarios y distribuidores comerciales del país, sobre todo de alimentos, lo
cual en pocos meses se convirtió en un tremendo fracaso. Tiempo después, hace
una semana, el secretario de Hacienda, Ramírez de la O, emprendió otro acuerdo
con los mismos empresarios, sin que se vislumbre que el aumento de precios se
detenga.
Basta ver la re-etiquetación de toda clase de
productos en las tiendas de autoservicio, en las farmacias y acudir a los
mercados públicos, a una carnicería y en todos los expendios comerciales, para
darse cuenta de que la tortilla, el frijol, arroz, leche, carne y toda clase de
alimentos, en un periodo de 10 días, registran aumentos de 20 y 30 por ciento
de precios. Esta inflación no había sido vista, en México, en 23 años.
CIFRAS
IRREALES DEL TITULAR DE HACIENDA
Diputados de oposición reclamaron al secretario de
Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, las “cifras alegres del paquete económico
para 2023”, los sobrecostos en las mega-obras del gobierno y el descuido en
actividades fundamentales de la economía mexicana, como es la producción de
alimentos, la educación, apoyo a inversiones de la pequeña y mediana industria,
empleo y otras actividades que requieren inversiones nuevas.
A los problemas que se tiene que enfrentar el gobierno
de López Obrador en el 2023, de acuerdo con el diputado Ildefonso Guajardo,
están representados por una deuda creciente que asciende a 3 billones de pesos
en la actual administración, que podría llegar a 4 billones con la contratación
prevista para 2023. Manifestó su temor a la ineficiencia del gasto social, el
cual, si bien tuvo un aumentó de 63 por ciento, hay que ver que el número de
pobres creció entre 18 y 20 por ciento, equivalente a más de 4 millones de
pobres sólo en esta administración, a los que hay que añadir a los del rezago
de periodos anteriores.
En el sector de la salud, añadió, se trae un rezago de
15 millones de personas de bajos ingresos, mismas que quedaron fuera del
sistema sanitario por la desaparición del Seguro Popular y se espera que esa
cantidad aumente de manera extraordinaria en los próximos dos años, por la nula
capacidad del organismo denominado Insabi (Instituto de Salud para el
Bienestar).
Los diputados de oposición reclamaron al funcionario
el desmedido presupuesto para las obras de infraestructura, también llamadas
“faraónicas”, mientras que habrá reducciones por 16 mil millones de pesos para
el esquema de vacunación, y otro más de 14 mil millones, correspondiente al
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Cabe señalar
que no fueron asignados recursos federales para el Programa de Refugios, que
ofrece servicios a mujeres víctimas de violencia. Este programa el presente año
ejerció recursos por 420 millones de pesos.
A su vez, aumentaron los recursos fiscales para
impulsar los trabajos de construcción del Tren Maya y de la Refinería de “Dos
Bocas”, en el estado de Tabasco, así como de las fuerzas armadas.
El gobierno da prioridad al pago de la deuda pública,
al sistema de pensiones y recursos crecientes para los estados y entidades
gubernamentales. Estos recursos no son reductibles en un marco de restricción
económica. Así, destina 8 de cada diez pesos del gasto total del presupuesto
para 2023, a esos rubros de la economía nacional.
