El presidente electo Donald Trump está conformando lo que podría ser el gabinete más rico en la historia de Estados Unidos. Entre los designados, figuran al menos dos multimillonarios, incluyendo al financista Howard Lutnick como secretario de Comercio y a Linda McMahon, exejecutiva de lucha libre profesional, como secretaria de Educación. Sin embargo, la acumulación de riqueza y complejas participaciones financieras de los nominados pone en el centro del debate el cumplimiento de las leyes de ética y los posibles conflictos de interés.
Las leyes federales exigen que los funcionarios de alto nivel desinviertan sus participaciones accionarias individuales para evitar tentaciones de aprovechar sus cargos para beneficio personal. Como señaló Jordan Libowitz, vicepresidente de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW): “La regla general es, recusarse o desinvertir. Pero que seas escandalosamente rico con activos complicados no significa que tengas un conjunto especial de reglas que apliquen para ti”.
Desinvertir puede implicar vender activos, transferirlos a fideicomisos o incluso donarlos a familiares. Lutnick, por ejemplo, ya ha anunciado que dejará su puesto como CEO de Cantor Fitzgerald y desinvertirá en unidades de esa empresa, aunque evitó detallar si venderá acciones en el mercado abierto, una acción que podría afectar su valor.
La legislación que regula estos conflictos data de la era Nixon, un período anterior al auge de las inversiones en capital privado y fondos de cobertura, que hoy constituyen grandes porciones de los portafolios de los ricos. Scott Bessent, administrador de fondos de cobertura nominado por Trump para ser secretario del Tesoro, enfrentará complejidades al resolver estos temas. Según el abogado fiscal Robert Rizzi: “La legislación original fue escrita antes de que existieran los fondos de capital privado y muchos productos financieros modernos, lo que complica el cumplimiento”.
Los altos funcionarios que deben desinvertir pueden beneficiarse de un certificado especial que les permite transferir el capital de sus activos a inversiones seguras, como bonos del Tesoro, sin pagar impuestos por ganancias de capital. Este mecanismo, como ocurrió en 2006 con Hank Paulson, secretario del Tesoro de George W. Bush, puede resultar incluso beneficioso. Paulson vendió acciones de Goldman Sachs antes de que su valor se desplomara durante la crisis financiera de 2008.
Aunque las leyes de conflicto de interés no aplican directamente al presidente, Trump ha demostrado poca disposición a deshacerse de sus propios activos. Durante su primer mandato, colocó sus propiedades en un fideicomiso administrado por sus hijos adultos, una acción que generó críticas y demandas judiciales. En una reciente publicación en Truth Social, Trump dejó claro que no tiene intención de vender participaciones en sus empresas, incluidas acciones en su plataforma de redes sociales, Trump Media and Technology Group.
La falta de claridad sobre cómo la administración Trump garantizará el cumplimiento de las leyes éticas ha suscitado dudas. Según Libowitz, “si Trump llena todo el gobierno de leales, ¿realmente seguirían la ley? Es una pregunta algo aterradora”.
La participación de multimillonarios en la administración pública presenta un reto constante entre el sacrificio financiero y la búsqueda de poder e influencia. Mientras las reglas actuales se mantienen sin grandes cambios desde hace décadas, la capacidad de los nominados para adaptarse a los requerimientos éticos será una prueba clave para la transparencia del gobierno de Trump.
