El Congreso salvadoreño, dominado por el partido oficialista Nuevas Ideas y aliados, aprobó el jueves una reforma constitucional altamente polémica. La enmienda, respaldada por 57 de 60 diputados, autoriza la reelección presidencial indefinida, extiende el período de gobierno de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral .
La diputada oficialista Ana Figueroa defendió la medida argumentando que busca “darle el poder total al pueblo salvadoreño” y equiparar las elecciones presidenciales con otros cargos de elección popular, como alcaldes y diputados, que ya permiten reelección ilimitada .
El proceso legislativo fue extraordinariamente rápido y se realizó sin debate sustancial. En las semanas anteriores, la Asamblea ya había modificado el artículo 248 de la Constitución para permitir que una sola legislatura pueda aprobar y ratificar reformas constitucionales, eliminando el requisito de ratificación por una legislatura siguiente . Expertos y organizaciones como Amnistía Internacional alertan que esta maniobra reduce los contrapesos institucionales y limita la participación ciudadana en decisiones clave .
Diversos grupos de derechos humanos, como Cristosal y Human Rights Watch, advirtieron que esta reforma representa una amenaza crítica para la democracia del país, al concentrar poder en el Ejecutivo y eliminar barreras que impedían un mandato indefinido . La oposición (ARENA y Vamos) denunció que se trata de un “golpe a la democracia” y criticó la falta de consulta y transparencia en el proceso legislativo .
La reforma también sincroniza las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, fijando la próxima elección general para marzo de 2027, y redujo el período actual para adaptarlo al nuevo calendario electoral .
Bukele, reelegido en 2024 con cerca del 85 % de los votos tras un fallo judicial que le permitió postularse nuevamente, ya ejerce control sobre el poder legislativo y judicial. Desde entonces, ha sido criticado por purgas institucionales, la detención masiva de presuntos pandilleros sin debido proceso y la represión de disidencia civil .
Con esta reforma, se elimina uno de los últimos límites formales a la permanencia en la presidencia, abriendo paso a un eventual mandato eterno bajo un marco legal revisado para favorecer al Ejecutivo en ejercicio.
