El Senado de México aprobó recientemente una reforma energética que restituye a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su estatus como empresas públicas del Estado, un cambio significativo tras haber sido clasificadas como “empresas productivas” desde la reforma energética de 2013. Esta modificación forma parte de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno actual, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para reforzar el control estatal en el sector energético.
La reforma propone cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Entre los aspectos clave se encuentra la eliminación de cualquier noción de monopolio en las actividades que realicen estas empresas públicas, y se destaca que su principal objetivo será el servicio público, alejándose de un enfoque exclusivamente comercial.
Además, se establece que Pemex y la CFE tendrán una participación predominante en la generación y distribución de energía en el país, reservando un 54% del mercado para el Estado y permitiendo un 46% para el sector privado.
Este enfoque ha generado un debate intenso en el Congreso, con la oposición advirtiendo que estos cambios podrían desalentar la inversión privada y afectar el cumplimiento de los compromisos energéticos internacionales de México.
Por otro lado, uno de los puntos más controversiales ha sido la transición energética. Mientras el gobierno defiende que permitirá la participación del sector privado en el proceso, la oposición ha expresado preocupaciones sobre el impacto que tendrá esta decisión en la adopción de energías limpias y en la competitividad del sector.
