En una votación histórica y controversial, el Senado de México aprobó la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con 86 votos a favor y 41 en contra, marcando un hito en el sistema judicial del país. La reforma, que ha sido señalada como un intento del gobierno para fortalecer el Poder Judicial en favor del pueblo, fue recibida con críticas por parte de la oposición, que la considera una amenaza a la independencia judicial y un avance hacia la concentración del poder en manos del Ejecutivo.
La aprobación de la reforma se dio tras una intensa doble sesión de más de 16 horas, que incluyó un receso y un cambio de sede. Durante el debate, los senadores de Morena, PT, PVEM y el panista Miguel Ángel Yunes Márquez votaron a favor de la reforma, lo que permitió a la coalición gobernante alcanzar la supermayoría requerida para aprobarla. La decisión de Yunes Márquez de romper filas con su partido generó un gran debate interno en el PAN y fue vista como un golpe para la oposición. Su voto se volvió fundamental para que Morena y sus aliados lograran la mayoría necesaria.
Al mismo tiempo, la ausencia del senador Daniel Barreda de Movimiento Ciudadano (MC) provocó aún más controversia. Barreda no asistió a la sesión, lo que generó rumores de que había sido detenido para impedir su voto en contra de la reforma. Aunque los representantes de Morena negaron estas acusaciones, las sospechas de presiones políticas se mantuvieron durante toda la jornada.
El líder del PRI, Alejandro Moreno, expresó su descontento, afirmando: “Es un día triste para nuestro México”, y denunció que la reforma fue aprobada “mediante las peores mañas y bajo presiones y coacciones inimaginables”. Estas declaraciones reflejaron el malestar de la oposición ante lo que consideraron un proceso legislativo viciado y lleno de irregularidades.
La reforma judicial plantea cambios estructurales significativos, entre los cuales se destaca la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, lo que representa una ruptura con el actual sistema de selección basado en méritos. Además, la reforma propone reducir el número de jueces en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, disminuyendo también la duración de los mandatos de los jueces a 12 años. Asimismo, se elimina el requisito de edad mínima de 35 años para ser juez de la Corte Suprema y se reduce a 5 años la experiencia laboral requerida, lo que ha sido fuertemente criticado por expertos en derecho, quienes advierten que estas medidas podrían comprometer la calidad y la independencia del Poder Judicial.
La iniciativa ha sido uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de López Obrador, quien considera que estos cambios son esenciales para garantizar que el Poder Judicial sirva al pueblo y no a las élites ni a los intereses criminales. Según el presidente, la reforma es un paso crucial para combatir la corrupción en el sistema judicial y restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones de justicia.
No obstante, los críticos de la reforma, tanto dentro como fuera de México, han expresado profundas preocupaciones. Estados Unidos y Canadá, socios comerciales clave del país bajo el T-MEC, han advertido que la reforma podría socavar el estado de derecho y tener un impacto negativo en la inversión extranjera. Además, la incertidumbre generada por la reforma ha afectado los mercados financieros, con el peso mexicano cayendo un 17% desde las elecciones de junio, en las que Morena ganó con una mayoría aplastante.
La tensión dentro del Senado llegó a su punto máximo cuando, durante la discusión, un grupo de manifestantes irrumpió en el edificio del Senado, ondeando banderas mexicanas y gritando “traidores”. Este incidente forzó una pausa en la sesión y obligó a los senadores a trasladarse a otro lugar para continuar con el debate. Los manifestantes acusaron a los legisladores que apoyaron la reforma de traicionar al país y al sistema judicial, lo que añadió un componente dramático a una ya de por sí tensa jornada.
La columna vertebral de la reforma, que fue aprobada previamente en la Cámara de Diputados, también incluye la reducción en el número de jueces de la SCJN, la eliminación de requisitos de edad mínima, y la reducción del mandato de los jueces. Con más de 6,500 jueces y magistrados que ahora serán elegidos por voto popular, el cambio promete transformar radicalmente la administración de justicia en México, algo que tanto defensores como detractores consideran de largo alcance.
Ahora, la reforma será enviada a los congresos estatales, donde deberá ser ratificada por al menos 17 de las 32 legislaturas locales para convertirse en ley. Si bien la coalición de Morena tiene una ventaja considerable en varios congresos estatales, se anticipa que la oposición buscará frenar la ratificación de la reforma, argumentando que pone en riesgo la estabilidad democrática del país.
Este es uno de los triunfos más importantes de López Obrador, pero también representa un desafío monumental para la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo el 2 de octubre. Sheinbaum deberá lidiar con las consecuencias políticas y sociales de la reforma judicial en los primeros meses de su mandato, y gestionar las tensiones que han surgido tanto a nivel nacional como internacional en torno a este controvertido proyecto.
