Claroscuro, por: Francisco López Vargas.
Emilio Lozoya Austin pactó darle al presidente López Obrador todo lo que él sabe de la corrupción de Peña Nieto y su gobierno con tal de que él no pise cárcel alguna.
El delincuente no sólo está confeso sino que ofrece, para protegerlos, como sus testigos a los operadores que concretaron esos delitos que hoy, dice, cometieron porque los “instrumentalizaron” para concretarlos.
Qué bueno sería que todos los involucrados paguen por esos delitos, excelente que se recupere lo robado, mejor si se les imposibilita a disfrutar todos los bienes que obtuvieron en los excesos del poder y la corrupción asociada a sus cargos y a sus desempeños. Por desgracia no será así.
López Obrador está armando su tabla de salvación ante la falta de resultados y los malos números de su gestión que presagian malos resultados electorales en los comicios de 2021.
El que nos ofreció que sería distinto, que reivindicaría la política y la manera de ejercerla hoy acredita que no sólo es igual a quienes los antecedieron sino que, como sus antecesores, utiliza todo el poder para sus venganzas personales, para sus necesidades electorales y para ocultar sus muchas deficiencias y más ineptitudes como gobernante.
En menos de cinco meses, la pandemia ha sido la causa de defunción para 50 mil 517 personas en el país.
Al sumar las víctimas de homicidio doloso de todo 2019 y hasta junio de este año, resultan 52 mil 151 asesinatos.
Desde la primera muerte, el 18 de marzo, el impacto del SARS-CoV-2 se resume en 358 defunciones diarias en promedio, 15 por hora o una cada cuatro minutos.
Además, el covid-19 se perfila a ser la cuarta causa de defunción en México, pues de acuerdo con los datos más recientes del Inegi, correspondientes a 2018, sólo las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos matan a más personas al año, según datos oficiales publicados por Excélsior.
Al comparar la cantidad de muertos de coronavirus con el número de víctimas de homicidio doloso que cada estado registró de 2019 a junio, 18 entidades, más que la mitad del país, tienen más decesos vinculados a la pandemia que a la violencia.
El azote del virus SARS-CoV-2 no se compara con el saldo mortal que la violencia ha dejado en el país los últimos años.
En menos de cinco meses, el coronavirus ha matado a un número de mexicanos similar al que fue asesinado durante año y medio a nivel nacional. Al sumar las víctimas de homicidio doloso registradas en 2019, el año más violento en la historia de México, con las que van a junio de 2020, el resultado es de 52 mil 151 asesinatos, cifra equiparable a las 50 mil 517 defunciones por covid-19 alcanzadas ayer.
Esa violencia contrasta con la pasividad de la administración para atender a los pacientes por el virus, por ayudar a los más de 15 millones de desempleados, a las 10 mil empresas que ya cerraron sus puertas.
Convertido en el tercer país del mundo por el número de víctimas del virus, en el peor por el manejo económico de la pandemia, y la ausencia de un plan fiscal contingente para hacerle frente a la crisis económica provocada por la enfermedad, el gobierno de López Obrador se esmera por desviar la atención a sus resultados reales.
Sus promotores, aseguran que el presidente está luchando por un país que encontró en pésimas condiciones, pero la realidad es que él mismo se fijó plazos para dar resultados pero hasta hoy, no los ha cumplido y todos sus vaticinios han sido equivocados y contraproducentes.
Hoy, la inversión se ha contraído, la actividad económica pasa por su peor momento y el Producto Interno Bruto no sólo acredita el tamaño de los errores del presidente más la suma de los efectos de la pandemia, sino que ante la catastrofe el propio presidente decide ya no usar los parámetros internacionales para medir el crecimiento y desarrollo del país. Hoy, todo se medirá con base en la felicidad de la gente aunque no tenga trabajo.
El caso Odebrecht y la negociación con Lozoya le permitirá al presidente no sólo construir la narrativa de la corrupción, su mayor bandera de gobierno, pero lejos de hacer justicia privilegia la impunidad al concederle privilegios a un delincuente confeso como Lozoya a cambio de exhibir a sus enemigos favoritos y vincularlos a proceso para desviar la atención y tratar de generar satisfacción de sus seguidores.
López Obrador le apuesta a que los nombres y el uso del poder judicial le servirá para mantener la expectativa social y desviar la atención ante la falta de resultados concretos de su administración, muy golpeada hasta fuera del país, por su incapacidad para crecer, para promover inversión y hasta para contener una enfermedad que se anunció llegaría con mucha anticipación.
A la sociedad mexicana la entretiene el pleito entre políticos y hasta con morbo recrean las acusaciones desviando su atención a los temas que realmente los afecta: sueldos y salarios, crecimiento económico, reducción o aumento de la deuda, inversión nacional y entranjera, producción de bienes y servicios, empleo.
¿Alguien estará mejor cuando el tema Lozoya termine?
Lo dudo, cuando eso acabe tendremos el mismo gobierno ineficiente e inepto que hemos tenido hasta hoy.
