Por Eduardo Heyman:
Hace años, una revista de geopolítica planteaba una verdad que hoy nos golpea el rostro: un país desarrollado no es el que tiene más recursos —pues Arabia Saudita sería el líder—, ni el que posee la milicia más imponente, ni aquel que se limita a cumplir con la forma externa de la democracia. El estudio concluía que el único factor común entre las naciones prósperas es el Estado de Derecho.
Es el Estado de Derecho lo que otorga certeza a las inversiones y garantiza el orden institucional. Es el escudo que permite a los ciudadanos y a las minorías defenderse de los abusos de poder en la política, en los mercados financieros y ante la competencia desleal. El desarrollo social y económico florece únicamente cuando la justicia es pronta y expedita; distorsionarla inhibe cualquier esfuerzo individual. Ante el atropello de la autoridad, el poder económico desmedido o el incumplimiento de contratos, la inversión huye, y con ella se desvanecen los empleos y los recursos públicos.
Durante décadas, México ha transitado por un laberinto de políticos enriquecidos, monopolios asfixiantes y trabas regulatorias diseñadas por los grandes para aplastar a los pequeños. Hemos vivido bajo la sombra de acusaciones falsas y litigios civiles y mercantiles interminables que solo los más ricos pueden financiar, convirtiendo la justicia en un artículo de lujo.
El sistema actual parece diseñado para el fracaso. Para castigar un acto de corrupción, se exige un blindaje de requisitos burocráticos y auditorías que dependen de los mismos órganos de poder que deberían ser investigados. Es un conflicto de intereses institucionalizado. No es posible que el fraude de una paraestatal municipal deba ser perseguido por el mismo ayuntamiento que lo permitió. La simple evidencia de una auditoría superior, estatal o federal, debería ser suficiente para acelerar procesos y castigar la impunidad.
Espero que el nuevo sistema judicial no se apegue estrictamente a la letra, sino que la evidencia y el denunciante sean la voz que ponga orden en la casa. Recuerdo el caso de un exdelegado federal en Yucatán que hoy está en prisión solo porque los fiscales no comprendieron que retiraba todo su sueldo en efectivo para realizar sus pagos. Nunca gastó más de lo que ganaba ni tuvo más propiedades que las adquiridas a crédito. Lamentablemente, existen jueces que ignoran las evidencias ante los ojos atónitos de testigos que, en el juicio, no pueden creer la ceguera del juzgador ante los errores de la fiscalía; una fiscalía que, dicho sea de paso, suele gozar de la venia o preferencia del juez. Donde esta la vergüenza de la fiscalía o la humildad del juzgador que al darse cuenta de error ratifica una injusticia de un funcionario que hoy le mancharon su reputación de por vida.
Ya no queremos que sea el gobierno entrante quien decida a quién denunciar por conveniencia política. Es hora de que los órganos neutrales e independientes funcionen de verdad. La justicia y la paz no son adornos; son los ingredientes indispensables del desarrollo. Mientras la salud y la educación consumen presupuesto, la justicia es la única demanda que puede generar riqueza, atrayendo inversiones que paguen esos servicios que el pueblo tanto anhela.
Ultimátum a la Justicia Mexicana. A los magistrados, jueces y ministros del Poder Judicial: entiendan que su pasividad es nuestra sentencia. El pueblo de México ya no tiene paciencia para sus tecnicismos que sirven de escondite a los criminales de cuello blanco. Cada expediente que duerme el sueño de los justos en sus escritorios es una traición a la patria. O se transforman ahora en el martillo que rompe la impunidad, o la historia —y una sociedad harta que ya no les teme— los barrerá por obsoletos. No estamos pidiendo favores, estamos exigiendo el derecho a existir sin miedo al despojo. O limpian la casa y actúan con rigor, o acepten que son ustedes el último eslabón que mantiene a México encadenado al subdesarrollo. La justicia lenta no es justicia, es complicidad.
- Advertisement -
