El Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) se encuentra bajo fuerte cuestionamiento tras revelarse que tiene más de medio centenar de resoluciones sin atender, todas correspondientes a denuncias interpuestas por Movimiento Ciudadano durante el pasado proceso electoral. Pedro Estrada Córdoba, quien fue representante de dicho partido ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), denunció públicamente la inacción del organismo y la aparente parcialidad con la que se han manejado los tiempos legales.
De acuerdo con Estrada, durante el periodo de campaña presentó 105 quejas formales ante el TEEC, relacionadas con irregularidades observadas en distintas etapas del proceso. Sin embargo, lamentó que ninguna de ellas fue atendida de manera oportuna. La mayoría de los procedimientos se iniciaron después de concluida la campaña, lo que, conforme a la normatividad vigente, las convierte en improcedentes por haberse agotado el periodo legal correspondiente.
La situación no solo expone la lentitud del tribunal, sino que, en palabras del propio Pedro Estrada, deja en evidencia un patrón de omisiones que afecta directamente la credibilidad del proceso electoral. Aunque actualmente ya no forma parte de Movimiento Ciudadano ni representa al partido de manera oficial, el excandidato insistió en que el retraso en estas resoluciones representa un golpe directo a la democracia y al equilibrio político en el estado.
Cuestionó abiertamente la imparcialidad del Tribunal Electoral, sugiriendo que su actuar está alineado con los intereses del partido en el poder, pues la falta de resolución oportuna impide que se ejerzan sanciones efectivas en tiempo real y, por ende, permite que las irregularidades queden impunes. Estrada señaló que, al retrasar deliberadamente la atención de estas denuncias, el TEEC dejó sin efecto cualquier posible consecuencia, pues al llegar fuera de tiempo las quejas son desechadas por motivos procedimentales sin analizar el fondo de cada caso.
Además, denunció que en Campeche prevalece una lógica de condicionamiento en la entrega de apoyos sociales y servicios públicos, lo que, a su juicio, representa una forma de presión política inadmisible en un estado democrático. Reclamó que las instituciones responsables de garantizar la legalidad y la equidad del proceso electoral parecen más interesadas en blindar al oficialismo que en hacer valer los derechos políticos de los ciudadanos y los partidos opositores.
Las quejas no resueltas —más de 50 hasta ahora— abarcan distintos temas, desde el uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada de funcionarios en horarios oficiales, hasta presuntas irregularidades en la organización de eventos partidistas. La falta de respuesta institucional convierte estos casos en meros expedientes archivados, sin impacto legal ni consecuencia alguna para los involucrados.
La denuncia de Pedro Estrada coloca nuevamente en la mira al TEEC y a la estructura electoral estatal, justo en un momento donde la ciudadanía exige mayor transparencia, celeridad y firmeza frente a las violaciones del marco legal. Para muchos observadores, lo ocurrido durante y después de la elección de 2024 en Campeche evidencia la necesidad urgente de revisar los mecanismos internos de actuación del Tribunal, así como de garantizar que ningún órgano electoral opere con criterios políticos o selectivos.
Mientras tanto, las más de 50 resoluciones siguen en espera, y con ellas, también la esperanza de que se haga justicia en un proceso que, para muchos, ya fue manchado por la omisión institucional.
