Por: Eduardo Ruíz-Healy
Derivado del pleito que entabló desde el principio de su
gobierno con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Andrés
Manuel López Obrador busca arrebatarle la independencia y controlar al poder
judicial por medio de una reforma constitucional que ordene que los jueces
federales y estatales sean electos por el pueblo, en lugar de ser propuestos
por el poder ejecutivo y designados por el poder legislativo, como ocurre
actualmente.
La selección de jueces es un tema complejo que ha sido debatido
durante siglos en muchas partes del mundo. En México, los jueces son
designados, pero durante las últimas semanas he conversado sobre el tema con
expertos en la materia, y he escuchado argumentos en favor de ambos métodos.
Los defensores de la elección argumentan que este método da
a los ciudadanos una voz en la selección del poder judicial, que los jueces
electos son más responsables ante los ciudadanos y están más motivados para
servir a los intereses de la sociedad. Asimismo, opinan que la elección puede
ayudar a que el poder judicial sea representativo de una población diversa,
como es la de México.
Por otro lado, los defensores de la designación argumentan
que este método ayuda a aislar a los jueces de la presión política y que los
jueces designados suelen ser los mejor calificados para el cargo,
independientemente de su afiliación política. Además, sostienen que la
designación puede garantizar que tengan una larga permanencia en el cargo, lo
que les da una mayor independencia. Afirman que el costo de una elección de
jueces puede ser elevado y significar un gasto adicional para un gobierno que
no tiene amplios recursos. Por último, indican que la mayoría de los ciudadanos
difícilmente podrán tomar decisiones informadas sobre los candidatos judiciales
debido a que su comprensión del proceso judicial generalmente es baja.
No hay una respuesta fácil a la pregunta de si los jueces
deberían ser elegidos o designados. El mejor sistema para un país o estado en
particular dependerá de una variedad de factores, como la cultura política, el
nivel de confianza que tenga el pueblo en el poder judicial y el costo de las
elecciones. Por ejemplo, los países con una fuerte tradición democrática y un
alto nivel de confianza pública en el poder judicial pueden tener más
probabilidades de elegir jueces. Por otro lado, los países con una tradición
democrática más débil o un menor nivel de confianza pública en el poder
judicial pueden tener más probabilidades de nombrar jueces.
Curiosamente, es en los países más democráticos, como
Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia, en donde los jueces son designados,
mientras que en países poco o nada democráticos, como Nicaragua, Venezuela,
Bolivia u Honduras, los jueces son electos por el pueblo.
En última instancia, la decisión de si elegir o designar
jueces es un tema complejo que debe discutirse ampliamente por toda la sociedad
de nuestro país. No es un asunto que sin un amplio y exhaustivo debate social
puedan o deban decidir un presidente de la república enojado por algunas
decisiones del poder judicial que han impedido que se hagan realidad algunas de
sus decisiones anticonstitucionales y un congreso cuya mayoría obedece
ciegamente sus deseos.
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