Mérida, Yuc., a 11 de julio de 2016 (ACOM).-Al menos 20
municipios serían embargados por demandas de ex empleados, lo que pone en
riesgo el presupuesto destinado para las acciones y obras.
César Antuña Aguilar, magistrado presidente del Tribunal de
los Trabajadores al Servicio del Gobierno y los Municipios, indicó que Comunas
como las de Acanceh, Kanasín y Progreso enfrentan laudos por despido de
trabajadores de manera injustificada y al no encontrar alguna solución,
llegaría hasta la instancia del embargo del recurso para pagar a los
demandantes.
Indicó que dicha veintena de municipios concentran unas 200
demandas, muchas de ellas en proceso de embargo de bienes, lo que representa
una pérdida de varios millones de pesos para las comunidades en cuestión.
“Lamentablemente varios municipios ya están por ser
embargados y esto sólo les genera afectaciones. Los procesos siguen y cada vez
estamos recibiendo otros tantos”, dijo.
Antuña Aguilar exhortó a los presidentes municipales a
evitar despedir trabajadores de manera injustificada y sobre todo, a mantener
el diálogo con estos para llegar a acuerdos y evitar que sus recursos se vean
comprometidos.
“De este modo, estarían evitando que su administración
sufra pérdidas económicas importantes y que afecte a los ciudadanos”,
externó.-
se para aprobar medidas contra el pueblo de Quintana Roo; los
diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados de los
partidos Verde Ecologista de México (PVEM), y Nueva Alianza (PANAL), llevaron a
cabo distintas sesiones fuera del recinto legislativo ubicado en Chetumal, con
el propósito de sacar adelante reformas y nombramientos del “paquete de
impunidad”, promovido por el gobernador Roberto Borge, incluyendo cuentas
públicas de municipios y dependencias estatales.
Carlos Joaquín manifestó su
aprobación a la decisión de promover la acción de Inconstitucionalidad,
destacando la conveniencia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), revise las disposiciones y normas aprobadas recientemente por el
congreso del Estado, toda vez que estos paquetes de legislaciones y
reglamentos, son violatorios de la ética y de la Ley. Reiteró que es la
sociedad quintanarroense quien ha encabezado la lucha por terminar con actos de
corrupción e impunidad en la entidad.
