En Yucatán, la oposición a la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ganado fuerza, con un movimiento cada vez más organizado que incluye a abogados, académicos, y diversas organizaciones civiles. Los críticos de la reforma argumentan que las modificaciones propuestas comprometen gravemente la independencia del Poder Judicial al otorgar al Ejecutivo un mayor control sobre la designación de jueces y magistrados. Consideran que esto podría socavar la imparcialidad del sistema judicial y erosionar el Estado de derecho en México.
Los opositores han organizado foros de discusión, conferencias, y protestas públicas para sensibilizar a la población sobre los riesgos que implican las reformas. En estos encuentros, se ha subrayado que la reforma podría eliminar los contrapesos necesarios en una democracia, permitiendo que el Poder Judicial se convierta en un instrumento del Ejecutivo, lo que sería contrario a los principios de independencia y autonomía que deben regir a este poder del Estado.
Las acciones en Yucatán forman parte de un movimiento nacional más amplio, en el que varios sectores han expresado su preocupación por la centralización del poder que podría resultar de la reforma. Los participantes en la lucha contra esta medida han hecho un llamado a la unidad entre todos los ciudadanos, organizaciones, y actores políticos para frenar lo que consideran un retroceso en términos de derechos y libertades.
Además, han insistido en que es fundamental que el Congreso de la Unión actúe con responsabilidad al considerar estas reformas, asegurando que cualquier cambio en el sistema judicial mexicano preserve y refuerce la independencia de los jueces, garantizando que el Poder Judicial siga siendo un pilar sólido de la democracia en México.
