La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) consideró que, de confirmarse, el presunto fraude en la atención a niños con cáncer en Veracruz deberá ser configurado como crimen de Estado.
La red de organizaciones civiles exigió que la información dada a conocer sobre niños con cáncer que recibieron quimioterapia con agua destilada en Veracruz sea investigada y se deslinde responsabilidades y sancione a quienes resulten culpables de este fraude.
Asimismo, se pronunció porque el caso sea atraído por la Procuraduría General de la República (PGR), y revisar su vínculo con casos similares.
Hacemos un llamado a quienes hayan resultado afectados a presentar las denuncias correspondientes, y al gobierno del estado a brindarles seguridad y apoyo”, expresó la Redim.
Acusan anomalías
La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) pidió a las autoridades que investiguen las inconsistencias en la aplicación de quimioterapias en niños de Veracruz, al considerar que existían anomalías en la atención de menores con cáncer durante la anterior administración estatal.
La AMANC denunció la falta de medicamentos y de infraestructura médica en las unidades acreditadas para atender a niños y adolescentes con cáncer durante la gestión del exgobernador Javier Duarte, hoy prófugo.
Por ello, solicitó que las investigaciones se realicen sin motivaciones políticas y con el único objetivo de llegar a la verdad para que, de comprobarse, se sancionen de forma contundente.
Denuncian en Veracruz pruebas falsas de VIH
Las irregularidades en la Secretaría de Salud de Veracruz no sólo se dieron con medicamentos oncológicos falsos, como el pasado lunes lo denunciara el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, aunque sin presentar pruebas públicas ni denuncias de por medio.
En 2014, la Secretaría de Salud bajo el gobierno de Javier Duarte adquirió un lote de 70 mil pruebas rápidas de VIH-Sida que resultaron falsas o inservibles, así como condones femeninos que estaban inservibles.
En la adquisición de pruebas rápidas se gastaron nueve millones de pesos y su aplicación fue suspendida cuando se percataron que daban falsos positivos y falsos negativos a personas que salían negativos al Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH).
Patricia Ponce Jiménez, representante del Grupo Multisectorial VIH-Sida informó que estas irregularidades fueron denunciadas ante la Procuraduría General de la República, por el entonces secretario de Salud Juan Antonio Nemi, puesto que comprometía recursos federales.
La denuncia también fue notificada a la Contraloría General del Estado en la cual señalan que funcionarios de la Secretaría de Salud adquirieron el lote de pruebas rápidas en una licitación pública a la empresa Comercio y Servicios Administrativos del Golfo que sólo simuló cambiar el producto, porque sólo les cambió el embalaje pero dejó las mismas pruebas falsas. Lo anterior lo pudieron corroborar al verificar el número de lote.
Por otra parte, en investigación está el intento de desaparecer medicamentos que supuestamente estaban caducos y que a finales de julio de 2016 fueron sacados lentamente de bodegas y trasladados a zonas poco pobladas para incinerarlos.
Jarabes, tabletas, píldoras, sustancias antibióticas, entre otros medicamentos, fueron descubiertos cuando eran incinerados en un predio en el municipio de Banderilla.
La Contraloría General de Gobierno determinó que en la Secretaría de Salud operaron tres empresas ligadas con el diputado federal Jorge Carvallo Delfín, ya que Maxbec, Especialidades Médicas del Sureste y Grupo Empresarial Heberen, están a nombre de Mirna del Rosario Díaz Sarmiento y es representada por Rocío Alejandra y Andrés Beceiro Delfín, primos del legislador, pero no hubo denuncias ni investigaciones.
