Por Enrique Vidales Ripoll
En las dos últimas semanas el tema de noticia y de análisis social y político se relaciona con Escudo Yucatán. La serie de medidas que el Poder Ejecutivo del Estado dio a conocer para reforzar la seguridad en la entidad.
No podemos pasar por alto la gravedad en seguridad que hay en varias regiones del país, especialmente en el centro y norte de la república mexicana. Hay entidades donde la extorsión alcanza niveles que insultan a la inteligencia y al orden legal establecido, regiones donde no se respeta el cumplimiento de las leyes que garantizan la paz y la armonía social. Es la ley de la barbarie, del más fuerte que se impone por encima de la razón y de los derechos humanos elementales.
En Yucatán hemos vivido a lo largo del mismo tiempo en paz. No hay un más allá de determinados casos de intentos de una delincuencia organizada que ha encontrado una defensa férrea de la integridad de las personas y el patrimonio de los yucatecos.
Sin embargo, no se deben bajar la guardia. Es necesario reforzar lo que se tiene, así como también, de buscar mejorar con medidas que consoliden la convivencia social en paz y armonía social. No es tarea menor en el compromiso de la autoridad, pero también de los habitantes en la entidad hacer los esfuerzos para implementar medidas que nos den una mayor certidumbre jurídica y una mayor seguridad social.
Es cierto que el Estado como autoridad tiene la tarea de la prevención y persecución de los delitos. La nueva reforma penal establece claramente que se debe buscar proteger al inocente, defender a la víctima, reparar el daño, pero más importante, no dejar impune el delito. Sabemos que la impunidad, el no castigo y sanción, es la principal queja de una ciudadanía que siente y percibe que el gobierno no hace nada en contra de quienes delinquen, que dañan y lastiman a los individuos y a la sociedad.
Es por ello que las medidas que se desean implementar resultarán eficaces para reforzar la seguridad en la entidad. No se parte desde una perspectiva unipersonal del Poder Ejecutivo, sino que exige la complementariedad de los otros dos poderes del estado: el Legislativo y Judicial. En el caso del primero en la discusión y aprobación del marco jurídico que otorgue la fundamentación legal a las acciones del Ejecutivo: pero al mismo tiempo involucra al judicial en los casos de análisis de casos enmarcados en la conducta de robo a domicilios y comercios donde se prevé una mayor severidad en las sentencias penales.
Sobre este último punto, el grupo de Indignación, de acuerdo a un boletín de prensa publicado, se dice preocupado porque el aumento de las penas en casos de robo a domicilio y comercios constituye un supuesto retroceso en derechos humanos. Lo que significa que para ellos los que atentan contra los bienes patrimoniales de los individuos y familias no merecerían un castigo ejemplar. ¿Y los derechos de las víctimas? ¿No es también indignante que una familia, con la realidad económica del país que provoca dificultad para hacerse patrimonio, sufra menoscabo de este?
La reforma penal precisamente quitó la verdad absoluta e inquisitiva a los poderes ejecutivos para abrir en debate público las diferencias y litigación de las causas penales. Esto para garantizar la presunción de inocencia, exigiendo con ello una investigación más profesional y científica para sustentar las responsabilidades penales. Por ello también se establece la creación de un Instituto de Ciencias Forense y la especialización de una policía investigadora. Ambos casos para mejorar los procesos de investigación que permitan una mayor certeza jurídica en la acusación. El que tenga responsabilidad que pague su deuda con la sociedad.
Escudo Yucatán no sólo es tarea del gobierno, aunque éste tenga en sus facultades la coacción para exigir el cumplimiento de la ley. Al final, todos los habitantes de Yucatán tenemos un compromiso con nuestro Estado: apoyar en las medidas que tienden a consolidar una mayor seguridad.
La corresponsabilidad está en sumarnos a este esfuerzo. Empezar desde la casa de uno a escudarnos por Yucatán.
Sigamos construyendo una sociedad más segura, más justa. Una sociedad donde tengamos la gobernabilidad y el respeto a las diferencias políticas. Que sea el diálogo y el consenso lo que nos permita avanzar en la resolución de los problemas encontrando los puntos coincidentes y benéficos para la colectividad.
