¿Y qué es lo que paso?
Por Enrique Vidales Ripoll
Es algo que se veía venir. De hecho,
sucedió un primer acto violento. Pero la reacción de las instituciones de
gobierno, en este caso, de los poderes ejecutivo y legislativo en Yucatán
dieron una pronta respuesta y se modificó el marco jurídico del transporte
público, con lo cual se certidumbre a la entrada de las plataformas digitales
en el servicio de transporte de personas.
El tema se ha centrado en Uber, que es la más famosa
por el uso de las redes sociales y es más conocida por los problemas que se ha
presentado en los lugares en donde ha iniciado su operación. No es decir que
ellos sean los responsables de los actos violentos. Es claro que la tecnología y
la globalidad producen nuevos esquemas de negocios que vienen a revolucionar
los ya establecidos.
En el caso del transporte por taxis se entiende que hay
un interés público que implica una responsabilidad del Estado en la protección
para la certidumbre y seguridad de usuarios y operadores. En varios países y ciudades
del mundo existe el servicio de traslado de personas que funciona a partir de
asociaciones, sindicatos o cooperativas. Reglas que de que una u otra manera
vienen operando y funcionando.
Cuando se anunció la entrada de Uber y de otras
plataformas, parecía que el Frente Único del Volante asumía el reto de la
competencia. Anunció la creación de su propia plataforma electrónica y se dijo
preparada para una competencia abierta. Sin embargo, la situación se puso tensa
con la agresión a un conductor en el aeropuerto de Mérida. Ahí inicia en los
medios de las redes sociales una discusión y rechazo a la violencia y se asume
mediáticamente una responsabilidad del FUTV por los hechos.
Como resultado el Gobierno del Estado presenta una
iniciativa de ley para modernizar la Ley del Transporte Público. Lo que tampoco
estuvo exenta de polémica por qué la defensa que asume la bancada del PAN a
favor de Uber de forma específica. Algo que ha llamado la atención y que en la voz
popular provoca que se piense que hay una vinculación entre esta empresa
trasnacional con algunas personalidades del blanquiazul. Por lo cual se cree
que hay intereses individuales y específicos para reventar el asunto.
Contra lo que podría esperarse la ley salió y hasta el
reglamento se modificó para complementar el marco jurídico. En la misma ley se
determinó un plazo de 120 días para la regularización que vence el próximo 25
de diciembre. A partir de esa fecha, los operadores de las plataformas electrónicas
deberán cumplir con las disposiciones legales que permiten otorgar el servicio.
La publicación viral de un video del líder de la FUTV
en contra de Uber y los hechos violentos de la semana pasada en contra de un
chófer de Uber, volvieron a encender la mecha de la inconformidad social. Sin
mayor análisis se le asumió al volante la responsabilidad de los hechos. Como respuesta
el FUTV convocó, junto con otros grupos de taxistas, una protesta para “sacar a
Uber” ya no solo de Yucatán, sino de México.
¿Qué es lo que ha pasado entonces? ¿Qué es lo que
provoca que lo que ya está legislado y regulado hoy sea cuestionado?
En lo personal me consta que hay unidades de Uber con
placas de otros estados operando en Yucatán, lo que es contrario a la ley.
Igualmente se sabe que hay operadores de Uber que han retorcido la propia
operación tecnológica para ofrecer el servicio de forma descarada en grupos de redes
sociales como el Facebook para cobrar en efectivo y fuera de la plataforma.
Comportamiento que podría calificarse como taxis piratas.
Asuntos que deben ser vigilados y encauzados por las
vías de las instituciones y procedimientos legales. Aún estamos en un periodo de
gracia para la aplicación estricta de la ley, por lo cual estos asuntos deben
irse resolviendo de forma paulatina.
El Gobierno del Estado actúo rápido y logró la
detención de los presuntos responsables de los hechos violentos de la semana
pasada en un plazo de 24 horas. Estos ya fueron imputados y se espera que al
salir este medio de análisis políticos ya sean vinculados a proceso. Es la vía
legal la forma de resolver asuntos de esta índole.
Yucatán ha mostrado interés en resolver el asunto de
forma legal y por la vía de las instituciones. La protesta y la incitación a
los actos de violencia no se justifican, ni se deben tolerar. Lo peor es que se
han calentado las redes sociales polarizando más el ambiente político rumbo al
proceso electoral 2018.
Tal vez esa sea una razón de peso que provoca todo este
movimiento y calienta la situación.
