La reciente entrega de 37 líderes del crimen organizado mexicano a Estados Unidos, entre ellos figuras de alto perfil como Daniel Alfredo Blanco “El Cubano”, ha generado un debate sobre los efectos reales de esta medida en la seguridad de Sinaloa, estado profundamente afectado por la violencia del narcotráfico. Este movimiento, parte de una cooperación bilateral fortalecida entre México y Estados Unidos, es visto por autoridades de Washington como una victoria de su estrategia de presión exterior para enfrentar al crimen organizado, destacando que los criminales enfrentarán justicia en ese país por delitos que incluyen el tráfico de drogas y otros crímenes transnacionales. La administración estadounidense, bajo el liderazgo de Donald Trump, ha celebrado estas acciones como un triunfo, mientras que el gobierno mexicano ha defendido la decisión como soberana y parte de una respuesta concertada frente a la violencia criminal.
A pesar de estos logros en el plano de la cooperación internacional y las extradiciones, expertos y autoridades locales advierten que la problemática estructural de inseguridad en Sinaloa no se ha resuelto. La región enfrenta una guerra interna entre facciones del Cártel de Sinaloa, particularmente entre los grupos conocidos como “Los Chapitos” y seguidores de “El Mayo” Zambada, un conflicto que continúa generando altos niveles de violencia. Para actores consultados, aunque la salida de líderes criminales representa un avance en el combate al narcotráfico, las dinámicas de violencia y la capacidad regenerativa de las organizaciones delictivas muestran que el desafío de la seguridad está lejos de concluir.
Las estadísticas recientes sobre violencia en Sinaloa reflejan la magnitud del reto. Desde 2024 hasta 2025 se ha observado un incremento considerable en delitos como feminicidios, robos de vehículos, asesinatos y desapariciones, evidenciando que, incluso con estas entregas de capos, la violencia letal continúa en niveles elevados. Organismos especializados han señalado que Sinaloa mantiene una de las tasas más altas de homicidios dolosos en el país, y aunque existen reportes sobre reducciones en algunos promedios diarios de homicidios en ciertos periodos, esta disminución no ha sido suficiente para considerar pacificada plenamente la entidad.
El gobierno estatal, encabezado por Rubén Rocha Moya, ha reconocido que Sinaloa no ha ganado la batalla contra el crimen y ha destacado la necesidad de mantener y reforzar estrategias de seguridad a largo plazo. En 2025, el estado se adhirió a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública con el objetivo de fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y locales, lo que ha resultado en miles de detenciones, incautaciones de armas y droga, así como en la localización de laboratorios clandestinos. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, el problema de fondo —la violencia estructural y la regeneración de grupos criminales— persiste.
En Culiacán, capital del estado, la escasez de policías municipales es palpable, con las autoridades locales en busca de cientos de nuevos elementos para enfrentar el déficit de seguridad, mientras que enfrentamientos entre grupos criminales han costado la vida a decenas de agentes. Este contexto evidencia la complejidad de las tareas de seguridad pública en una región donde la delincuencia organizada ha demostrado una capacidad significativa de operación y de adaptación frente a las fuerzas del Estado.
Analistas en seguridad subrayan que la entrega de capos, aunque simbólicamente significativa, debe ir acompañada de políticas integrales que incluyan no solo acciones represivas sino también inversión en prevención social, fortalecimiento institucional y programas de desarrollo comunitario. La experiencia histórica muestra que la separación de líderes no necesariamente desarticula las estructuras criminales si no se aborda simultáneamente la base social y económica que permite su persistencia. Es en este marco que diversos especialistas advierten que aún con avances, la situación de inseguridad en Sinaloa y en otras regiones del país requiere soluciones de largo alcance que trasciendan las medidas puntuales y respondan a las causas profundas de la violencia.
