Por: Eduardo Ruíz-Healy
Roma, Italia. – “Que estén conscientes los trabajadores que ellos
no van a salir perjudicados en nada, es mi palabra y soy un hombre de palabra y
los compromisos se cumplen (…) nosotros somos avales, yo soy la garantía de que
no se les va a tocar absolutamente nada de su sueldo, de sus prestaciones, para
que no los manipulen. Lo que va a suceder es que los ministros ya no van a
ganar los 700,000 pesos mensuales”. Lo anterior lo dijo ayer el presidente
Andrés Manuel López Obrador en un intento de convencer a los trabajadores del
Poder Judicial Federal de que la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos que
este administra no afectará sus ingresos, prestaciones y pensiones.
Pero, en lo que al poder judicial se refiere, ¿es un hombre
de palabra András Manuel? ¿puede garantizar lo que les ofrece a los
trabajadores?
No lo creo, porque ya está más que demostrado que incumplió
con los compromisos que asumió con el poder judicial el 8 de agosto de 1918 en
el evento en que recibió su constancia de Presidente Electo de México de manos
de la entonces presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), Janine Otálora.
Ese día, AMLO dijo, entre otras cosas, estas: “… en mi
carácter de titular del Ejecutivo federal actuaré con rectitud y con respeto a
las potestades y la soberanía de los otros poderes legalmente constituidos;
ofrezco a ustedes, señoras y señores magistrados, así como al resto del Poder
Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades
autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las
resoluciones que únicamente a ustedes competen (…) ninguna autoridad encargada
de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas
cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus
dictámenes y habrá absoluto respeto por sus veredictos. El Ejecutivo no será
más el poder de los poderes ni buscará someter a los otros. “Cada quien actuará
en el ámbito de su competencia y la suma de los trabajos respetuosos e
independientes fortalecerá a la República y el Estado Democrático de Derecho
transitará del ideal a la realidad.
“No olvidemos nunca que debemos la apertura de estos nuevos
horizontes al pueblo, al pueblo soberano que está por encima de individuos,
grupos o facciones, por poderosos que sean o que parezcan.
“En la elección del 1º de julio quedó demostrado que así
como el autoritarismo y la abyección envilecen y desprestigian a las
instituciones, la voluntad democrática de la ciudadanía puede renovarlas y
fortalecerlas”.
La realidad es que, desde siempre, AMLO criticó al poder
judicial, el cual es y siempre ha sido tan corrupto como los demás poderes, y
más en los estados que en el ámbito federal.
Pero también es una realidad que ese 8 de agosto de 2018 el
entonces presidente electo prometió lo que prometió ante la presidenta del
TEPJF y luego olvidó sus promesas apenas asumió su cargo el 1 de diciembre de
ese año.
Por lo anterior, los trabajadores del Poder Judicial de la
Federación y de los poderes judiciales de los estados no pueden ni deben
confiar en la palabra dada por el presidente, porque ya demostró que la misma
no vale nada, por lo menos en lo que a este poder se refiere.
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