Por: Jorge Valladares Sánchez.*
En Facebook y en Youtube: Dr. Jorge Valladares.
Es la ley
Al Fin una de Arena
El famoso dicho de una de cal por las que van de arena… parece que está desproporcionado y, de hecho, mal dicho. A reservas de buscarle más, las explicaciones hablan de que la proporción era inicialmente de una y una… lo cual no se presta al alivio de saber que al fin pasa algo bueno, que es como habitualmente he visto manejar el dicho. Por otro lado, resulta que el elemento malo: es la cal (por su toxicidad, al menos), y no tiene nada de bueno que al fin llegue…
Así que en este caso, permítaseme la licencia de reacomodar el dicho, para decir que efectivamente en el terreno de construir son necesarios diversos elementos, y pensando que cada uno finalmente sirve de algo en la fórmula, hay un camino de leyes a modo, omisiones legislativas y ajustes de última hora y con los espectáculos a los que nos tienen acostumbrados es la cal de todos los días en la construcción de nuestra legislación. Y con ello finalmente llegamos a que la ley es la ley, aunque haya a quien no le guste, con o sin razón.
Con razón cuando es tendenciosa, incompleta o no refleja una articulación que la haga congruente y atendible, ya ni soñemos con que justa o siquiera entendible. Para que este material primo legislativo tuviera la mayor fortaleza en el andamiaje de la vida social, debería provenir del análisis, deliberación y ´procuración del bien común social. Pero este, aunque se asume el deber de quien logra el empleo de legislador/a, no es un servicio que veamos frecuentemente, aunque lo paguemos y muy alto.
La esperanza en algunos sectores, allí donde, con realismo y proactividad, nos asumimos utopistas y persistentes en la posibilidad de una democracia cotidiana está dirigida a la participación ciudadana. Y una vía franca radica en el mecanismo presente en la mayoría de los estados y en la federación: La Iniciativa Popular, que consiste en la posibilidad de que un ciudadano/a, o un colectivo de ellos/as, formule una idea de lo que debería atender o corregirse en la ley o de plano un proyecto de ley, y reuniendo el respaldo de un pequeño sector de la ciudadanía lo entregue a la autoridad para que el Congreso se vea OBLIGADO a discutir y en su caso legislar al respecto.
Eso casi no sucede. Allí está, pero sus complicaciones institucionales, el desconocimiento del propio mecanismo y la labor que implica una empresa de esa naturaleza, lo tiene como letra muerta en algunos estados, y donde despunta, como el caso de Yucatán, apenas ha tenido algunos casos.
En este mismo amable espacio que nos brinda La Revista compartí en 2019 el momento en el que un admirable grupo de jóvenes de la Universidad Autónoma de Yucatán aceptaron la invitación que les hicimos desde el programa Jóvenes con Iniciativa para aprender el modo y, si era su voluntad, formular algún proyecto en ese modo de la participación ciudadana formal. De los equipos universitarios que tomaron el programa, ese fue capaz de completar el texto de una iniciativa en material de desarrollo social para Yucatán y reunir las firmas de apoyo necesarias para llegar al punto de presentarla al Congreso Local.
Como suele pasar, fue recibida y hasta allí. Dos años después, en noviembre del año pasado, di cuenta en otro artículo de que la siguiente legislatura, la actual, despertó de su sueño o extrajo de la llamada “congeladora legislativa” a ese enorme ejercicio de nuestros estudiantes y de la ciudadanía yucateca. Y se anunció que sería, al fin, atendida, como debió ocurrir desde su arribo al Congreso. El tiempo siguió corriendo y todo parecía indicar que correría la misma suerte que esa fracción de casos en los que nada más sucede.
Al fin, la semana pasada, este poderoso combustible de la llama democrática fue aplicado y el Congreso analizó, voto y aprobó que tengamos en Yucatán una Ley de Desarrollo Social y con ello se repare un rezago en el que inexplicablemente nos encontrábamos. Tomaron prácticamente a cabalidad el trabajo de este conjunto de universitarios/as y lo validaron, reconociendo con ello el sentido del programa, el talento de nuestra juventud y la importancia de contar con este mecanismo formal de participación, que por 10 años no se había usado localmente.
El artículo 58 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, publicada en enero de 2007, y reformada en diciembre de 2016, establece precisamente que el objeto de la Iniciativa Popular es recibir de la ciudadanía proyectos de creación, reforma o adición a la Constitución, a las leyes, decretos, Bando de Policía y Gobierno o reglamentos municipales.
Algunas de estas talentosas personas nos comparten ideas sobre lo que ha implicado esta iniciativa, hoy Ley. Les comparto las palabras de Joel Martínez Marfil, Cecilia Patiño Cerón, Mirna Peraza Estrella, Manuel Leyón Viezcas y Manuel Emilio Leyón Viezcas:
La participación ciudadana debe ser un ejercicio constante en el estudio y análisis de iniciativas, propuestas; y en general, brindando nuestros conocimientos a favor del desarrollo de nuestra sociedad. Es así como se integra “Equilibrio Social”, un grupo de ochenta y cinco estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán, que con diversas formas de pensar, compartimos la firme convicción de construir un interés profundo en los asuntos públicos de nuestra entidad.
Por tanto, la decisión de hacer de nuestro trabajo académico, un ejercicio de participación ciudadana era fundamental para reforzar colectivamente los mecanismos de participación legal que fueren necesarios para crear una iniciativa ciudadana que buscara valorar la dignidad y derechos de las personas.
Para concretar este proyecto, la incidencia en las calles (sin ningún interés político) ha sido fundamental para cumplir con nuestros objetivos; visitar las comunidades que habitamos, hablar con las personas que se encuentran en nuestros espacios ha sido la manera en que hemos construido y socializado las problemáticas que se viven incipientes en nuestro Estado. Sin embargo, el escepticismo, aún existente, en una ciudadanía que desconoce el ejercicio de sus derechos, también ha sido un peso constante que nos ha acompañado en este proceso.
Para la elaboración de nuestra iniciativa, el análisis de nuestro contexto social ha sido sustancial para el estudio profundo en perspectiva de derechos humanos para el desarrollo social en Yucatán. Por lo que nos retroalimentamos de la doctrina y derecho comparado para elaborar la iniciativa de Ley de Desarrollo Social en el Estado.
La base de nuestras propuestas se encuentra en la norma local, nacional e internacional, en forma prioritaria hemos escuchado con detenimiento diversas opiniones de la sociedad; así como de quienes viven en situación de vulnerabilidad y marginación.
Los datos de suma importancia son, que conforme la medición de la pobreza en Yucatán realizado por el CONEVAL en 2020, nuestra entidad tiene 49.5% de pobreza y 11.3% de pobreza extrema, de la cual el 33.3% es una población en situación de vulnerabilidad por carencias sociales; es decir, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, acceso a la alimentación, calidad y espacios de la vivienda, así como el acceso a los servicios básicos en la vivienda, siendo datos alarmantes que han ido en aumento con el paso de la pandemia desde que fue presentada esta iniciativa.
Dicho lo anterior, Yucatán representaba una de las 4 entidades federativas que no contaban con esta normativa cuando fue presentada en 2019. Actualmente, el Estado de Yucatán era la ÚNICA que no contaba con esta normatividad.
De esta manera, nuestro proyecto de iniciativa de Ley de Desarrollo Social en Yucatán tiene por objetivo, sentar las bases para brindar condiciones equitativas y justas para todas las personas, considerando como premisa indispensable; la participación ciudadana y la implementación de una planeación basada en resultados que garantice el disfrute de una vida digna.
Para tal efecto, entre las propuestas se encuentra:
1. La creación de un Programa Estatal de Desarrollo Social, que disponga de un diagnóstico general, estadísticas, la proyección de los resultados y las políticas de atención a grupos en situación de vulnerabilidad, considerando así la transparencia, publicidad y participación de la población en general con información culturalmente adecuada.
2. A fin de garantizar los presupuestos que se destinen al rubro del gasto social, se propuso la creación de un consejo consultivo integrado por la ciudadanía que supervise el presupuesto destinado al desarrollo social, así como el establecimiento de un Fondo de Contingencia Social en el Estado.
3. Destacando la instalación de un Padrón Único de beneficiarios, entre otras propuestas que establezcan adecuadamente la erradicación de la pobreza desde sus diversas áreas.
El desarrollo de esta labor no hubiera sido posible sin el apoyo y confianza de las 4978 personas que firmaron la iniciativa presentada ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, fueron una parte esencial para el trayecto de este proyecto.
Tal vez, no seamos personas expertas en el tema legislativo, y sabemos que nuestro trabajo era perfectible en el proceso, pero sin duda tomar los espacios es una forma necesaria de iniciar la discusión por una vida digna para las personas que vivimos en el Estado.
Hasta allí las palabras de estos/as jóvenes integrantes del equipo que tomó la iniciativa. Esta historia refleja también la labor de una gran profesional, Hissarlic González Cetz, a quien conocí hace un par de décadas como funcionaria de la CODHEY y que fue la motivadora académica que impulsó a sus estudiantes a dar este paso histórico.
Así que finalizó el relato de este buen paso de construcción, de esta aportación de buen material desde la ciudadanía, de esta palada de arena, frente a la cal a que nos tienen acostumbrados/as, con palabras de su profesora. “Se renueva el deseo de que las propuestas que vengan de la ciudadanía encuentren cauce, ojalá que ágil, para llegar a culminar en debate público y acción gubernamental”.
Y reitero, lo tan sabido, “caminante, no hay camino, se hace camino al andar”…
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*Jorge Valladares Sánchez
Papá, Ciudadano, Consultor.
Representante en Yucatán de Nosotrxs.
Coordinador Nacional de la Red Cívica Mx, A.C.
Doctor en Ciencias Sociales.
Doctor en Derechos Humanos.
