El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha encendido las alertas en el sistema financiero internacional al señalar directamente a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como entidades involucradas en esquemas de lavado de dinero vinculados al tráfico ilegal de fentanilo. La acusación, emitida a través de su oficina de inteligencia financiera (FinCEN), coloca a estas instituciones mexicanas en la lista de “preocupación principal”, una categoría reservada para casos graves de financiamiento ilícito.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, estas tres entidades habrían facilitado el movimiento de fondos provenientes de organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo, canalizando dinero hacia China para la adquisición de precursores químicos utilizados en la fabricación de fentanilo. Las cifras reveladas por la investigación son contundentes: millones de dólares habrían sido lavados o transferidos mediante estructuras aparentemente legales que enmascaraban el origen ilícito de los fondos.
CIBanco, en particular, está acusado de haber gestionado cuentas a nombre de prestanombres vinculados al Cártel del Golfo, facilitando operaciones que suman más de 10 millones de dólares. Además, habría procesado transferencias por al menos 2.1 millones de dólares dirigidas a empresas en China. En el caso de Intercam, se le vincula con presuntas reuniones de alto nivel entre sus representantes y operadores del CJNG, donde se habrían acordado mecanismos de pago directo para importar químicos desde Asia. Vector Casa de Bolsa, por su parte, habría canalizado más de 2 millones de dólares entre 2013 y 2021 en esquemas sospechosos, así como otras operaciones dirigidas a empresas fantasma en el extranjero.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos no solo implican una fuerte señal de presión internacional, sino también un golpe directo a la operación cotidiana de estas instituciones. Desde ahora, se les prohíbe realizar transacciones con entidades financieras estadounidenses, lo que limita de manera significativa su acceso al sistema bancario global. Esto podría afectar su capacidad de operar en mercados internacionales y debilitar la confianza de sus clientes e inversionistas.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México ya había identificado prácticas irregulares en algunas de estas instituciones, lo que derivó en sanciones administrativas por más de 134 millones de pesos en años recientes. Sin embargo, hasta ahora no se habían hecho públicas acusaciones de este calibre con alcance internacional. La Secretaría de Hacienda mexicana ha reconocido la notificación del Tesoro de EE. UU., aunque indicó que aún no cuenta con pruebas suficientes para proceder penalmente. Aun así, aseguró que investigará a fondo y tomará medidas firmes si se confirma alguna violación a las leyes mexicanas.
Este nuevo capítulo en la lucha contra el lavado de dinero refleja una estrategia cada vez más agresiva por parte de Estados Unidos para atacar el financiamiento del tráfico de fentanilo, un opioide sintético que ha cobrado decenas de miles de vidas en su territorio. La conexión financiera con bancos y casas de bolsa en México subraya la complejidad del problema y la necesidad urgente de reforzar los controles en el sistema bancario nacional.
Mientras tanto, el sector financiero mexicano se enfrenta a una nueva sacudida. La inclusión de tres actores relevantes en una lista negra del gobierno estadounidense podría tener repercusiones duraderas en su reputación y desempeño. Más allá de las cifras y las sanciones, el caso revela la profunda vulnerabilidad que aún persiste en los canales legales usados por el crimen organizado para mover dinero con apariencia de legitimidad. Y coloca nuevamente a México en el centro del debate global sobre la transparencia financiera y la lucha contra el narcotráfico.
