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Estados Unidos ejecuta nuevo ataque en el Pacífico contra lancha vinculada al narcotráfico y mata a cuatro personas

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Las fuerzas armadas de Estados Unidos anunciaron y difundieron video de un nuevo ataque militar en aguas internacionales del Pacífico oriental en el que murieron cuatro personas que tripulaban una lancha que las autoridades estadounidenses calificaron de vinculada al narcotráfico. El ataque fue difundido por el Comando Sur de las fuerzas armadas de Estados Unidos mediante su cuenta oficial en redes sociales, acompañado de imágenes en las que se observa cómo un buque en movimiento es impactado por un disparo letal en el marco de la denominada operación “Lanza del Sur”. Las autoridades señalaron que la lancha atacada era supuestamente operada por miembros de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y que transitaba por una ruta conocida de narcotráfico, sin que por el momento se hayan publicado identidades oficiales de las víctimas ni se haya aportado evidencia pública que permita confirmar de manera independiente su vinculación con actividades delictivas. El anuncio de este ataque se produjo poco antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreciera una declaración desde la Casa Blanca en la que evaluó los avances de su administración en diversas áreas de política interior y exterior, poniendo énfasis en la necesidad de acciones contundentes contra las redes de narcotráfico que operan en el hemisferio occidental. Según la información difundida por las autoridades estadounidenses y medios internacionales, esta operación se inscribe en una campaña militar más amplia que ha implicado múltiples ataques contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico desde septiembre de 2025, con un saldo que, de acuerdo con estimaciones oficiales, alcanza casi un centenar de personas muertas y más de treinta embarcaciones destruidas bajo el argumento de combatir el narcotráfico marítimo. Este tipo de acciones, sin embargo, ha generado un intenso debate tanto dentro de Estados Unidos como en la comunidad internacional, donde algunos legisladores, expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos han cuestionado la legalidad y las implicaciones éticas de lanzar operaciones militares letales sin que exista una clara rendición de cuentas ni la participación de instancias judiciales en la autorización de estos ataques. Críticos han señalado que la ausencia de transparencia en la identificación de los fallecidos y en las pruebas que vinculan a las embarcaciones con actividades criminales podría constituir una violación de normas internacionales sobre el uso de la fuerza si no se demuestra que existía una amenaza inminente o justificación legal bajo el derecho internacional humanitario. Paralelamente, estas operaciones se han desarrollado en un contexto de tensiones geopolíticas regionales, especialmente en relación con Venezuela, país que ha sido blanco de críticas por parte de la administración estadounidense y que ha denunciado una escalada de amenazas militares bajo el pretexto del combate al narcotráfico, acusando a Washington de utilizar estos argumentos para presionar políticamente y afectar su soberanía. Voceros del gobierno venezolano han rechazado las acciones estadounidenses, calificándolas de infracciones al derecho internacional y solicitando pronunciamientos de organismos multilaterales para detener lo que consideran una escalada hostil en la región. La comunidad internacional observa con creciente atención el desarrollo de esta campaña militar, sus repercusiones en la seguridad marítima, el respeto a las normas internacionales y las relaciones diplomáticas en América Latina y el Caribe, mientras continúan las discusiones sobre el equilibrio entre la lucha contra el crimen organizado transnacional y el respeto de los marcos legales que regulan el uso de la fuerza en alta mar. 

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