Estados Unidos anunció que pondrá fin al estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para nacionales de Myanmar (también conocido como Birmania) que residían en el país bajo dicha figura migratoria. Según informó el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), “después de revisar las condiciones del país y consultar con las agencias correspondientes, la secretaria determinó que Myanmar ya no reúne los requisitos para la designación de TPS”.
De acuerdo con la decisión, el programa –que había sido otorgado en 2021 y prorrogado hasta noviembre de 2025– dejará de tener efecto en un plazo de 60 días desde el anuncio, lo que coloca su fin para el 26 de enero de 2026.
El DHS explicó que la medida se basa en que Myanmar ha alcanzado “avances notables en gobernanza y estabilidad, incluyendo el fin del estado de emergencia, los planes para elecciones libres y justas, acuerdos de alto el fuego exitosos y una mejor administración local”.
Según estimaciones gubernamentales de Estados Unidos, la decisión afecta a aproximadamente 4 000 nacionales de Myanmar que actualmente se encontraban amparados por el TPS en el país norteamericano.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su oposición a la medida advirtiendo que, pese a los argumentos oficiales, Myanmar sigue inmersa en un conflicto armado interno con graves violaciones de derechos humanos, desplazamientos masivos de población y alerta internacional por crímenes de guerra.
La figura del TPS permite a ciudadanos de determinados países que enfrentan condiciones extraordinarias (como guerra, desastres naturales u otras crisis) residir y trabajar legalmente en Estados Unidos de forma temporal.
Este cambio se inscribe en una tendencia más amplia del Gobierno de Estados Unidos por revisar y cancelar designaciones de TPS para varios países, como parte de un ajuste en la política migratoria hacia la reducción de beneficios bajo este programa.
La comunidad afectada afronta ahora la incertidumbre respecto a su estatus migratorio y la posibilidad de retorno a Myanmar, mientras podrían iniciarse procesos de deportación una vez que expire la protección. Al mismo tiempo, los críticos señalan que la condición de “mejorada” del país asiático no ha sido plenamente verificada y warn de que el retorno no necesariamente sería seguro para todos.
En conclusión, la decisión del gobierno estadounidense marca un giro en la política de inmigración hacia ciudadanos de Myanmar, poniendo fin a una medida humanitaria que se había activado en un contexto de crisis profunda en ese país asiático. Queda por ver los efectos que esta medida tendrá tanto para los afectados como para las comunidades de migrantes birmanos en Estados Unidos.
