La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asignado al menos 40 millones de dólares en gastos para deportar aproximadamente a 300 migrantes a países que no son sus naciones de origen, según un informe divulgado por el personal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de ese país.
De acuerdo con el documento, esta práctica —denominada deportaciones a terceros países— ha sido utilizada como parte de los esfuerzos de la Casa Blanca por ampliar las acciones de control migratorio y acelerar la expulsión de personas que se encuentran en territorio estadounidense sin la documentación correspondiente.
El reporte señala que entre los países que recibieron migrantes se encuentran El Salvador, Guinea Ecuatorial, Ruanda, Eswatini y Palau, y que en varios casos las sumas acordadas con estas naciones para aceptar a los deportados fueron elevadas. El grupo de El Salvador, por ejemplo, aceptó cerca de 250 venezolanos, mientras que otros países recibieron cantidades menores de personas.
Los demócratas que elaboraron el análisis criticaron la política, describiéndola como “costosa, derrochadora y mal supervisada”, y pidieron un escrutinio serio de unas prácticas que operan “en gran medida a oscuras”. Estas voces argumentan que enviar migrantes a países con historiales cuestionables en derechos humanos puede exponerlos a condiciones inseguras o sin protección adecuada, además de cuestionar la transparencia y eficiencia del gasto.
Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha defendido las deportaciones a terceros países como parte de la campaña del presidente Trump para hacer cumplir las leyes contra la inmigración ilegal y para disuadir más migraciones no autorizadas.
Además, el informe indica que al menos 47 acuerdos de este tipo estaban en negociación, y que varios incluyen disposiciones para recibir incluso a solicitantes de asilo antes de que se procesen sus peticiones en tribunales migratorios estadounidenses.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por esta política, debido al riesgo de enviar a personas a países que no tienen relación con ellos y que pueden carecer de mecanismos adecuados para acoger o proteger a quienes han sido deportados desde Estados Unidos.
En paralelo, esta política se enmarca dentro de un contexto más amplio de medidas migratorias estrictas implementadas por la administración Trump, incluyendo un aumento en detenciones y deportaciones en general y decisiones judiciales recientes que han cuestionado ciertas prácticas de expulsión de migrantes sin el debido proceso legal.
Este enfoque ha generado tanto apoyo como críticas dentro de la política estadounidense, reflejando las profundas divisiones existentes en torno a la gestión de la inmigración en el país.
