El Gobierno de Estados Unidos anunció un significativo incremento en los incentivos ofrecidos a migrantes indocumentados para que opten por la autodeportación voluntaria antes del 31 de diciembre de 2025, en una medida anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el contexto de las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump. El monto ofrecido como “bono de salida” fue triplicado respecto al incentivo anterior, pasando de 1 000 a 3 000 dólares y manteniendo la cobertura del costo del vuelo de regreso al país de origen para quienes elijan esta opción de salida voluntaria. Esta decisión forma parte de una estrategia del gobierno para facilitar y acelerar la salida de personas que se encuentran sin estatus legal en el país, al tiempo que se busca reducir la necesidad de procedimientos de deportación forzada.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó en un comunicado que el incremento de los incentivos, disponible únicamente hasta el último día del año, está dirigido tanto a migrantes que no han sido detenidos como a aquellos que se encuentran bajo custodia migratoria siempre que no enfrenten cargos penales, con el objetivo declarado de ofrecer una alternativa voluntaria a la detención y expulsión tradicional. El DHS promovió la autodeportación a través de la aplicación móvil CBP Home, una herramienta digital que permite a los migrantes registrarse para abandonar voluntariamente el país y que fue relanzada en marzo de 2025 con este fin, sustituyendo su uso anterior bajo la administración anterior para gestionar citas de entrada legal al territorio estadounidense.
El incentivo ha sido calificado por las autoridades como un mecanismo que podría eximir a quienes se autodeporten de ciertas multas o sanciones civiles relacionadas con la permanencia irregular en Estados Unidos, y que al mismo tiempo ofrece la posibilidad, según funcionarios, de que quienes salgan voluntariamente puedan volver a ingresar legalmente en el futuro, una afirmación que ha sido objeto de cuestionamientos por parte de expertos en migración. En las redes sociales, Noem promovió la medida como un “bono de salida” decembrino, vinculando la decisión con el panorama navideño y haciendo énfasis en que quienes no tomen esta opción podrían enfrentar arresto y deportación forzosa sin la oportunidad de regresar.
La respuesta a la medida ha suscitado diversas reacciones. Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y abogados especializados en temas migratorios han advertido que la promesa de incentivos y facilidades podría no traducirse en beneficios reales para las personas que optan por la autodeportación, señalando que quienes han salido voluntariamente en años recientes enfrentan restricciones legales para regresar y que en algunos casos no han recibido los pagos prometidos. También se ha señalado que el monto establecido podría resultar insuficiente frente a los costos y riesgos asociados a la salida voluntaria, particularmente si se consideran las posibles prohibiciones de reingreso por períodos prolongados que establece la ley para quienes han permanecido de forma irregular por más de un año.
La política de incentivos para autodeportaciones se enmarca en un enfoque migratorio más amplio de la administración Trump, que ha incluido la intensificación de acciones de control fronterizo, ampliación de operaciones como la denominada Operación Safeguard, destinada a detener y expulsar a migrantes indocumentados en zonas urbanas, y un aumento sustancial en la presión para que las personas sin estatus regular abandonen el país de forma voluntaria o forzada. En este sentido, la ampliación del “bono de salida” forma parte de un conjunto de acciones que buscan disminuir la población indocumentada en Estados Unidos y reducir las cargas administrativas asociadas a detenciones y deportaciones, aunque también ha provocado debates sobre su eficacia, su impacto humanitario y sus implicaciones legales a largo plazo.
La medida estará vigente únicamente hasta el final de diciembre de 2025, y su implementación efectiva, así como el número de personas que respondan a este llamado con incentivos monetarios y asistencia para el retorno, serán elementos observados de cerca tanto por operadores migratorios como por analistas políticos en un momento en que los debates sobre inmigración continúan siendo uno de los asuntos más controvertidos de la agenda pública en Estados Unidos.
