El caso legal por la posesión del Hotel Mayaland, ubicado en Chichén Itzá, ha tomado un giro polémico, según declaraciones del abogado Manuel Martín Bracamonte Casares. El abogado considera que Fernando Barbachano Herrero, una de las partes involucradas, está utilizando tácticas extrajudiciales y mediáticas para influir en el curso del litigio, tras enfrentar reveses en los tribunales.
El origen del conflicto
Este conflicto legal se remonta al 7 de agosto de 2020, cuando Fernando Barbachano Herrero firmó un contrato de compraventa del Hotel Mayaland con la Inmobiliaria R4, representada por Rodolfo Rosas Moya. El acuerdo establecía un pago inicial y varios pagos posteriores. Sin embargo, tras recibir varios abonos, Barbachano Herrero dejó de proporcionar la información bancaria necesaria para recibir el siguiente pago, lo que llevó a la ruptura de la comunicación entre ambas partes.
Barbachano Herrero argumentó que la falta de cumplimiento justificaba declarar sin efecto el contrato, además de quedarse con los pagos ya realizados como una penalización. No obstante, Bracamonte Casares sostiene que esta situación fue generada deliberadamente por Barbachano para apropiarse tanto del hotel como del dinero recibido.
Momentos clave del caso
El abogado resalta dos hechos ocurridos en febrero de 2020:
1. La entrega de la posesión del inmueble a Inmobiliaria R4 por parte de un representante legal de Barbachano.
2. La negativa de Barbachano a recibir el pago correspondiente al contrato.
Un episodio determinante ocurrió el 27 de octubre de 2020, cuando Rosas Moya acudió, acompañado por un notario, al domicilio de Barbachano en Cancún para realizar el pago pactado. Según consta en un acta notarial, Barbachano ordenó no recibir a nadie ni aceptar el dinero. Desde entonces, el monto se encuentra depositado en un juzgado, lo que evidencia, según Bracamonte, la falta de buena fe por parte de Barbachano.
El cambio de estrategia
Tras una serie de reveses judiciales en Yucatán, Quintana Roo y a nivel federal, Barbachano Herrero adoptó nuevas tácticas. Por un lado, recurrió a organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y planteó un plebiscito, acciones inusuales en un litigio entre particulares. Por otro lado, inició una campaña mediática, buscando crear presión pública y proyectar una imagen de víctima.
Incluso, autoridades involucradas en el caso están evaluando tomar medidas legales tras declaraciones del abogado Gerardo Ostos Rincón Gallardo, representante de Barbachano, quien omitió detalles cruciales en un espacio radiofónico nacional. Entre las omisiones se encuentra un episodio registrado el 30 de octubre de 2020, que derivó en la vinculación a proceso de Barbachano por el delito de despojo.
La raíz del conflicto
Bracamonte subrayó que Barbachano admitió públicamente el motivo detrás de sus acciones: su arrepentimiento por la venta del hotel, al percatarse de que la pandemia de COVID-19 no tendría la duración que inicialmente había anticipado. Según el abogado, esta postura marcó el inicio de los problemas legales y mediáticos en torno al caso.
Mientras los tribunales continúan analizando los expedientes y recursos presentados, el conflicto por la posesión del Hotel Mayaland sigue siendo un tema de interés tanto judicial como mediático, con implicaciones significativas para ambas partes.