Por Enrique Aranda
Ahora sí que, con un pie (literalmente) en el estribo… los señalados integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), siguen dando patadas de ahogado, tratando de recuperar, en parte, al menos, el prestigio y la fama perdidos durante su estadía — “con cargo al erario, hay que recordar”— de poco más de un año en México.
En cuestión de semanas, no más de tres, pues su “contrato” con el gobierno federal expira el último día de abril) deberán comparecer ante la sociedad para dar a conocer conclusiones y resultados del trabajo de coadyuvancia realizado.
Sólo entonces sabremos si, más allá de su vinculación y apego —“más o menos disfrazado”, en opinión de fuentes del asunto— a la estrategia de grupos radicales de izquierda —“guerrilleros, incluso”— para el manejo de la tragedia que representó el plagio, asesinato e incineración (de algunos al menos) de (los) 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, su actuación en el país aportó algo al necesario esclarecimiento del denominado caso Ayotzinapa.
Hoy, lamentablemente si se quiere, la información existente no favorece la postura asumida por ellos. Menos, luego de conocerse resultados del tercer peritaje realizado por especialistas —“independientes al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y a su promotor en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mexicano
Emilio Álvarez Icaza, así como también al gobierno”— en el basurero de Cocula, en Guerrero… ante el que ellos no tuvieron más respuesta que llamarse a sorpresa, a engaño… nada más.
Nada, cuando no sea su persistencia en negar avances en la pesquisa iniciada por el (ahora) exprocurador Jesús Murillo Karam y, en la actualidad, por su sucesora Arely Gómez que, vale mencionar, ayer mismo confirmó la decisión de la Procuraduría General de la República de dejar sin efecto la denuncia que, junto con otras organizaciones, inició el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal de José Antonio Ortega Sánchez en contra del citado funcionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el delito de fraude de dos millones de dólares pagados por el gobierno al cuestionado grupo que, hoy por hoy, continúa siendo urgido a presentar cuentas —“un informe técnico, sustentado, nada más”— del trabajo realizado.
No deberá pasar mucho tiempo, entonces, antes de que la sociedad pueda conocer y atestiguar de manera directa el cierre, la conclusión de una etapa en la investigación del sonado caso, de una experiencia que, en palabras de Pascal Beltrán del Río —Expertos, 04/4/2016— “ha sido inútil en el mejor de los casos y pernicioso en el peor”.
Asteriscos
* Unas horas apenas después de iniciar su CI reunión plenaria, la conferencia episcopal decidió reelegir al cardenal Francisco Robles Ortega y al obispo Javier Navarro como presidente y vicepresidente, pero relevó al auxiliar de PueblaEugenio Lira en la Secretaría General, la que asumió Alfonso Miranda de Monterrey. Ramón Castro y Castro de Cuernavaca tomó la Tesorería en lugar del mexiquense
Roberto Domínguez.ç
* Inexplicable, excesiva según los más, la efusividad mostrada por Ricardo Anaya en el inicio de campaña de Adriana Dávila por el gobierno de Tlaxcala. “Qué pronto olvidó que fue él, el CEN, el principal obstáculo que la senadora debió remover para hacerse con la nominación. ¡Hasta tuvo que amenazarlos con irse como independiente!”, recordó alguno.
* No acababa de desempacar aun cuando, siete meses después de asumir la posición, Miguel Basáñez Ebergenyi fue informado que su relevo en la representación de México ante el gobierno de Estados Unidos, Carlos Manuel Sada Solana, esperaba ya sólo la ratificación senatorial para viajar a Washington y hacerse cargo de la embajada. ¿Pero qué necesidad…?
